Vox exige a Hila los justificantes de la subvención de 400.000 euros a la federación de vecinos

El Ayuntamiento de Palma desembolsó por vía de urgencia 408.000 euros en plena pandemia (abril de 2020) a la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma liderada desde mayo pasado por Maribel Alcázar, candidata en 2015 por la formación de izquierdas, Guanyem. 

Una subvención para la realización de toda clase de actividades por los colectivos federados a esta entidad afín al gobierno de coalición de socialistas, nacionalistas y Unidas Podemos (UP) en el Ayuntamiento de Palma. Una agenda de actos que sufrieron un serio revés por el confinamiento y las restricciones consiguientes aprobadas tras el estallido de la pandemia.

Ahora, la formación liderada en el Consistorio por Fulgencio Coll anuncia que exigirá en el pleno municipal que «se aclare el destino de ese dinero, se justifiquen los gastos realizados y el por qué el equipo de gobierno veta de esas subvenciones a otras asociaciones» sin el sesgo ideológico de la de Alcázar. 

«A fecha de hoy seguimos sin conocer exactamente el alcance de las subvenciones otorgadas a la Federación de Vecinos de Palma, ni el origen ni el destino opaco de todo ese dinero», abundó en este sentido el concejal.

Y es que mientras el tripartito de gobierno riega con miles de euros a los colectivos integrados en esta federación, otra entidad como Sa Federació de Veïnats de sa Ciutat de Palma no recibe dinero alguno pese a llevar constituida desde la pasada legislatura, en concreto hace 5 años. 

Ni en la anterior vieron un céntimo, ni en la presente está previsto que lo vean. Por ello el concejal y diputado de Vox, Sergio Rodríguez, criticó la opacidad municipal en materia de subvenciones hacia una entidad que «se ha convertido en un brazo político del tripartito de izquierdas que aplaude sus decisiones, ataca a la oposición de forma descarada y calla en cuestiones tan importantes como la seguridad o la limpieza de Palma». 

Un trato privilegiado del actual equipo de gobierno hacia esta federación vecinal que se traduce en subvenciones de calado para el desarrollo de actividades, fiestas o cursos, pero que también se extiende a otros ámbitos donde se adoptan decisiones políticas clave para el futuro de la ciudad. 

Es el caso del consejo de Gerencia de Urbanismo que cada dos semanas aprueba licencias las obras y proyectos de la ciudad y donde tiene voz y voto la federación de Alcázar. Ninguna otra entidad o colegio profesional puede votar en ese foro donde el tripartito municipal aplica su rodillo con el aval del colectivo de Alcázar. Ni la asociación de constructores, promotores, colegio de arquitectos, entidades de protección del patrimonio, o ecologistas del GOB, pueden decidir. Sólo tienen voz, pero votar, sólo pueden hacerlo los concejales y demás cargos políticos y el que hace las veces de edil sin haber sido elegido por las urnas: el representante de la federación de vecinos. 

Curiosamente, y aunque ya ha dejado el cargo de presidente de esta entidad, Joan Forteza sigue teniendo su silla en Urbanismo donde acude regularmente, o conectado por vía telemática, como representante de esta entidad.