Vía libre para que Prohens cambie ahora el decreto de mínimos

«El Partido Socialista tendrá que explicar por qué no quiere que haya un mínimo de castellano, como lengua en la enseñanza de las Islas, por qué no quiere que el castellano sea lengua vehicular en la enseñanza; tendrá que explicar por qué hace seguidismo del modelo lingüístico de Cataluña contrario a la Constitución española y por qué no quiere cumplir las sentencias [del Tribunal Supremo sobre el mínimo del 25% de horas en español en Cataluña]».

No es Manuela Cañadas, portavoz de Vox, la autora de estas palabras. Corresponden a Marga Durán, portavoz del PP en temas educativos en febrero de 2022, durante el debate de la Ley de Educación de las Islas Baleares (LEIB), una ley que se ha visto afectada esta semana por una serie de enmiendas de Vox a través de la Ley de Simplificación Administrativa del Govern y que por error votó también el PP balear. El Govern ya ha anunciado que ninguna de estas enmiendas entrará en vigor porque aprobarán un decreto-ley que las neutralizará nada más salga publicada la ley ómnibus de simplificación administrativa en el BOIB.

A diferencia de lo publicado en varios medios que, por lo visto, no se han leído las famosas enmiendas aprobadas por error, la vehicularidad del catalán nunca se ha puesto en duda. Lo que estaría en duda en todo caso sería que el catalán sea la única lengua vehicular. En efecto, las enmiendas de Vox permiten que el español también sea vehicular en la enseñanza.

Volvemos así a la situación anterior a la aprobación de la Ley educativa balear, es decir, a la posición ideológica en la que se encontraba el Partido Popular de Marga Durán hace dos años y medio. En 2022, el PP votó contra todos los artículos de la LEIB auspiciada por Martí March porque este último rompió a última hora y por presiones de Més el acuerdo al que había llegado con Patricia Guasp (C’s) y Marga Durán (PP) para incluir el español como lengua vehicular, que es lo que ahora pretenden las famosas enmiendas de Vox aceptadas por error. Estas enmiendas, por lo tanto, deberían ser totalmente asumibles para el PP si esta formación tuviera un mínimo de coherencia histórica y no quisiera contradecirse a sí misma, diciendo una cosa en el Govern y la contraria en la oposición.

Las enmiendas de Vox no cambian nada sustancial

Todas las miradas están puestas en el artículo 135 de la LEIB, el artículo que fija las directrices del modelo lingüístico balear. Con este artículo la LEIB de Martí March no hacía otra cosa que blindar el decreto de mínimos (1997) y, en consecuencia, un modelo de inmersión obligatoria de facto, que nunca nuestra temerosa clase política se ha atrevido a llevar a la cámara balear para bendecirlo de iure. Como sabemos, la inmersión se ha impuesto aquí en Baleares no porque el parlamento balear la haya votado a rostro descubierto sino por las maniobras y el filibusterismo de políticos, directores de centro, inspectores educativos y funcionarios que, con malas artes, desinformación y presión psicológica a las familias, subterfugios legales (como la autonomía del centro, los proyectos lingüísticos de centro o la disposición adicional segunda del decreto de mínimos), inseguridad jurídica (orden 2004 de Francesc Fiol) y demás ardides administrativos, han maniobrado para convertir un modelo bilingüe en espíritu como era el decreto de mínimos cuando se aprobó (1997) en otro inmersivo monolingüe en la práctica.

Las enmiendas de Vox referidas al artículo 135 de la LEIB, que afectan a los subapartados 1.d, 1.f y al apartado 3, quebrantan el blindaje que por ley se hacía de dos normas de rango legal inferior como el decreto de mínimos y la orden de 2004 de Xisco Fiol que lo desarrolla de forma torticera. No obstante, el decreto de mínimos sale intacto salvo en la obligatoriedad de hacer en catalán las actividades complementarias y las actuaciones administrativas, así como las comunicaciones internas. El capítulo III, arts. 20, 21 y 22 del decreto de mínimos, queda sin efecto. Pero no el resto del decreto, por lo que la inmersión va a proseguir a menos que Prohens se decida a modificarlo. Si Prohens aspira a un bilingüismo equilibrado al 50%, deberá modificar el decreto de mínimos, suprimiendo la autonomía de centro en virtud de la cual los directores determinan a su antojo el proyecto lingüístico de centro, eliminando la obligatoriedad de cursar las ciencias sociales y naturales en catalán y exigiendo un reparto equitativo entre ambas lenguas.

En suma, las enmiendas lingüísticas de Vox despejan el camino para que la LEIB no sea, como hasta ahora, un impedimento para cambiar el modelo lingüístico. Pero estas enmiendas no imponen ningún modelo, sino que posibilitan cambiarlo si hay voluntad política por parte del Govern. Estas enmiendas, por consiguiente, deberían ser perfectamente asumibles para el PP balear a menos que los de Prohens se hayan convertido al mismo catalanismo furibundo que en febrero de 2022 achacaban precisamente a Francina Armengol y Martí March y por el que votaron contra la LEIB.

La LEIB de Martí March, ¿ha pasado a formar parte del nuevo consenso lingüístico para el PP?

En virtud del cacareado consenso lingüístico, un consenso cuya clave de bóveda consiste precisamente en incluir al PP balear como «uno de los nuestros», se presiona a esta formación recordándole que fue la que pilotó la Ley de Normalización Lingüística (1986) y la que aprobó el Decreto de Mínimos (1997), un pasado que al parecer le ata de pies y manos y del que por lo visto no puede abjurar. A todo partido político le cuesta dar marcha atrás y reconocer que se ha equivocado en el pasado, por remoto que sea y pese a alumbrar unos resultados totalmente contrarios a los esperados. De ahí que hasta cierto punto sea comprensible para el PP balear abonarse al mantenella y no enmendalla de la Ley de Normalización Lingüística y del Decreto de Mínimos.

Lo que no se entiende es por qué el PP no tiene la misma coherencia histórica en relación a la LEIB, una norma que no es suya y contra la que votó hace apenas dos años y medio, precisamente porque impedía la posibilidad de que el español fuera lengua vehicular. Todo indica que la obstinación del PP en mantener contra viento y marea la inmersión obligatoria no obedece a ninguna fidelidad, ni coherencia con su pasado más remoto, sino a una rendición en toda regla ante el búnker educativo y los postulados de la izquierda balear a la que quiere heredar sin importarle perder sus «convicciones» de hace dos años y medio.

Ironías que no va a recoger la prensa balear, los radicalotes de VOX defienden ahora mismo el bilingüismo equilibrado que defendían hace apenas dos años y medio los moderaditos del PP balear durante el debate de la LEIB. Mientras Vox ha rebajado su maximalismo original, pasando de un modelo de libre elección pura al bilingüismo con un equilibrio de lenguas como el sellado en el plan piloto, el PP de Prohens se ha radicalizado, asumiendo las posiciones más intransigentes de la izquierda y haciéndose perdonar por ésta, no sabemos si por convicción, miedo o coste electoral.

Lo que está claro es que a día de hoy el PP es el principal obstáculo para enviar la inmersión obligatoria al basurero de la historia. El PP no va a manifestar públicamente su adhesión a la inmersión pero la tolera sin rechistar y la perpetúa a través de los hechos consumados, como estamos viendo en las aulas y en los juzgados. Por los hechos los conoceréis.