El sector de la construcción estalla contra Armengol: «Nos ha dejado sin suelo para edificar viviendas»

Todo el sector vinculado a la construcción se ha unido para denunciar el «fracaso absoluto» del Govern de Armengol para resolver el problema de la vivienda. Acusan al Ejecutivo de haberles dejado sin suelo para poder realizar nuevas promociones y, en consecuencia, de haber disparado los precios. Asimismo, han denunciando la «tremenda inseguridad jurídica» que supone que en los últimos cuatro años se hayan aprobado 14 normativas urbanísticas distintas en Baleares.

La gota que ha colmado la paciencia del sector de la construcción, según la presidenta de la patronal empresarial Caeb, Carmen Planas, es el Decreto Ley 10/2022 de Medidas Urgentes en Materia Urbanística que aprobará este martes el Parlament y que, según vaticina de forma unánime todo el sector, «no hará más que encarecer aún más la vivienda y fomentará la especulación del suelo en un entorno de máxima preocupación ciudadana».

Como ya ha informado OKDIARIO, con este decreto los ayuntamientos no podrán delimitar nuevos sectores de suelo urbanizable cuando las necesidades reales se puedan resolver con actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbana. Esta medidas, según los constructores, dispararán el precio del suelo hasta límites insospechados y con ello se encarecerá aún más la vivienda.

Carmen Planas ha estado acompañada por el presidente de la Comisión de Construcción, Óscar Carreras; la presidenta de la Asociación de Constructores de Baleares y vicepresidenta de Caeb, Fanny Alba; y el presidente de la Asociación Empresarial de Promotores Inmobiliarios de Baleares (Proinba), Luis Martín.

«La nueva hornada de normas urbanísticas y anuncios de restricciones adicionales impone más trabas y criterios subjetivos. Se intenta desviar la atención sobre una política urbanística y de vivienda equivocada con consecuencias muy negativas», ha asegurado Planas.

La respuesta del sector ante el nuevo decretazo urbanístico que se aprueba este martes es que los partidos políticos reconsideren su posición ante un normativa que considera electoralista y que supone «el último clavo al ataúd de la vivienda asequible en Baleares».

En la rueda de prensa han estado representantes de todos los sectores relacionados directa o indirectamente con la construcción. Ha estado el presidente de la Asociación de Inmobiliarias de Baleares (ABINI), Hans Lenz; los presidentes o representantes de la Federación de la Madera, de los Fabricantes y Empresas Auxiliares de la Construcción de Baleares (AFACO); la Asociación de Maestros Pintores de Baleares (AMPB), la Asociación de Industriales del Vidrio Plano de Mallorca (AIVIMA); la Asociación Patronal de Yeseros-Escayolistas de Baleares; la Asociación de Fabricantes de Áridos de Baleares (AFA); la Asociación de Instaladores Empresarios de Baleares (ASINEM); y la Associació d’Indústries Fabricants de Materials de Construcció de Balears (CONSTRUÏM), última en sumarse a CAEB a finales de 2022.

Los constructores y empresas vinculadas ha analizado con muchos datos  la delicada situación y el malestar creciente de un sector que «se siente ignorado por una política urbanística que no está solucionando la grave falta de vivienda que padece esta comunidad autónoma y la consecuente subida de los precios de la vivienda, que está afectando especialmente a los residentes de estas Islas y a aquellos que quieren trasladarse a trabajar o vivir aquí», en palabras de Carmen Planas.

«No acabamos de entender por qué algunas de las medidas, de tanta relevancia social, no tienen cabida en las mesas de diálogo que el Govern convoca regularmente para ir de la mano y buscar consensos en los problemas que más afectan a la ciudadanía de Baleares», ha añadido la presidenta de la patronal.

Emergencia habitacional

Por su parte, el presidente la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Baleares, Luis Martín, ha afirmado que desde el sector consideran el nuevo decreto como «un ataque frontal a la necesidad de vivienda asequible en Baleares, dentro de una situación de emergencia habitacional». Ha añadido que el Govern «vuelve a utilizar este decretazo para aplicar sin consenso alguno unas medidas que provocan mayor inseguridad jurídica de propietarios e inversores invadiendo competencias municipales».

Martín ha señalado que el precio medio de construcción de vivienda no baja de los 300.000 euros en Baleares desde el año 2012. «Para hacer vivienda asequible por debajo de los 250.000 euros se necesita suelo económico, pero la realidad es que cada vez hay menos suelo y eso ha encarecido y triplicado su precio en los últimos años».

Martín ha destacado que «la desclasificación de urbanizables del Decreto Ley 9/2020, del PGOU de Palma y del Plan Territorial del Consell de Mallorca, ha quitado del mercado 53.200 hectáreas donde poder construir unas 20.000 viviendas, precisamente el déficit actual de vivienda asequible que hay en el archipiélago».

Sólo 3.000 viviendas al año

Actualmente, se construyen unas 3.000 viviendas nuevas al año cuando el ritmo óptimo para poder atender la demanda sería de unas 7.000 al año, según los expertos. Al construir menos vivienda nueva, se presiona al mercado de la segunda mano, que encarece su precio, y a la vez repercute en una subida de los alquileres, al aumentar la demanda.

Este pasado 2022 la vivienda nueva se ha encarecido un 9,1%, la mayor subida del país, de acuerdo con los datos de Sociedad de Tasación. Normativa como el nuevo decreto, sumada a las dificultades del sector por el alto precio de los materiales y la energía, pronostican nuevas subidas de costes mayores para los inmuebles.

La principal motivación de estas medidas, según el nuevo decreto, es priorizar la rehabilitación, la regeneración y la renovación urbana. Martín opina al respecto que «es positivo y acertado, pero no podemos pretender que sólo con estas actuaciones vayamos a resolver las necesidades de los municipios en materia de vivienda. La rehabilitación es cara a día de hoy por el elevado precio de la vivienda de segunda mano añadiendo a ello los elevados costes de los materiales y la energía».

La especulación

Además, según Martín, «la prohibición a los municipios de no poder delimitar nuevo suelo urbanizable para la construcción si el núcleo urbano posee más de un 15% de suelo vacante fomentará la especulación en los solares disponibles donde los propietarios sabrán que hasta que no se consuma este suelo no se podrá crear más y, por tanto, podrán poner el precio que quieran a su venta o promoción».

La presidenta de la Asociación de Constructores, Fanny Alba, recuerda que Baleares tiene, con diferencia, la mayor tasa de esfuerzo para la compra de vivienda en España: 16,4 años de su sueldo (media en España 7,6 años; Madrid 8,7 años; Cataluña 8,5 años), según un estudio de Sociedad de Tasación.

Desde 2015 el precio de la vivienda se ha disparado un 68% y la población balear tiene que dedicar un 53% de su renta media a pagar la hipoteca, la cifra más alta de España (30,7% de media). Los datos de 2022 del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Mallorca muestran que el año pasado se visaron 2.292 nuevas viviendas en la Isla, lo que supone un descenso del 20,9% respecto a 2021. Es incluso una cifra inferior a la del año 2020, justo en los peores meses de la pandemia.

El precio de la vivienda libre en Baleares en noviembre del 2022 alcanzó los 3.123 euros/m2. Es la cifra más alta de todo el Estado y supone el doble que la media nacional, según datos del Consejo General del Notariado de España.

Desde ABINI, Hans Lenz recuerda que “limitar el acceso a los no residentes no es la solución a la falta de viviendas en Baleares”, algo que además “generaría un enorme problema a la economía balear aumentando las dificultares que ya tienen tanto las empresas como las administraciones públicas para conseguir que profesionales se desplacen a las Islas a trabajar”.