La lentitud de los Servicios Sociales de Armengol abocan a la miseria a un pensionista con 18 enfermedades

La lentitud de la Conselleria de Asuntos Sociales del Govern balear que preside la socialista Francina Armengol aboca a la miseria a un pensionista con 18 enfermedades. Su nombre es Jesús López, tiene 60 años y, entre lágrimas, nos cuenta su calvario. A Jesús le han detectado múltiples patologías degenerativas, algunas de carácter muy grave, y quiere que le reconozcan el grado de discapacidad.

A raíz de la pandemia su salud empeoró hasta tal punto que era incapaz de seguir trabajando. Las dolencias que arrastraba se agravaron y le aparecieron nuevas enfermedades, que le impedían desarrollar de forma óptima su actividad profesional, así que le concedieron la incapacidad permanente.

Desde el pasado mes de setiembre, Jesús percibe una pensión contributiva por incapacidad permanente total. Se trata de una ayuda económica que concede la Seguridad Social para cubrir la pérdida de ingresos que sufre un trabajador cuando por enfermedad o accidente ve reducida o anulada su capacidad laboral.

No obstante, Jesús asegura que la prestación es insuficiente y que debe hacer malabares para sobrevivir todos los meses. «Entre el alquiler, los seguros, los préstamos y otros gastos fijos que tengo… Me quedan unos 70 euros para comprar comida. En el alquiler se me va el 60% de mis ingresos», explica.

En este sentido, refiere que actualmente carece de un fondo de emergencia para hacer frente a gastos imprevistos. «Tengo que renovar el permiso de circulación y no voy a poder pagarlo», expresa. Ante esta situación, decide presentar la solicitud de reconocimiento del grado de discapacidad en las oficinas de la Dirección General de Atención a la Dependencia en Palma.

«Presenté la solicitud en agosto del pasado año y todavía estoy esperando», indica Jesús para añadir lo siguiente: «Desde los Servicios Sociales me informaron que todavía están tramitando solicitudes del año pasado». Esta demora le impide acceder a prestaciones que compensan la situación de desigualdad en la que se halla. «Es un sistema de derechos al que se me impide acceder por culpa de un retraso del que yo no tengo ninguna culpa. Me estoy planteando irme de Mallorca», apostilla.

Para Jesús, obtener el certificado de discapacidad es la puerta de entrada a toda una serie de beneficios como el acceso a una vivienda de protección pública, la tarjeta de aparcamiento, la exención del impuesto de matriculación,  prestaciones económicas, deducciones fiscales importantes, entre otras cuestiones.

El informe médico de Jesús es demoledor: «Deterioro de la actividad física en relación a pluripatologías».  Tiene diagnosticadas un total de 18 enfermedades, cuatro de ellas en el sistema circulatorio, que son angina de pecho, hipertensión arterial, infarto agudo de miocardio y enfermedad isquemia crónica del corazón.

En el aparato respiratorio, le han detectado Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPA) y síndrome de apnea del sueño y en el sistema endocrino-metabólico, diabetes mellitus no insulinodependiente. A ello se le añade dos patologías oftalmológicas (alteraciones de la visión y ceguera de ambos ojos), tres osteoarticulares (artrosis, discopatía cervical y discopatía dorsal y lumbar) y una enfermedad nefrológica (hiperplasia de próstata).

Además de las enfermedades citadas, a Jesús le han diagnosticado nódulos pulmonares, que son pequeñas manchas en los pulmones que pueden ser cancerosas. En agosto presentó toda la documentación requerida en las oficinas de los servicios sociales municipales y todavía no ha obtenido respuesta. Una espera que está mermando gravemente su salud mental. «Estoy tomando medicación para la depresión y la ansiedad y aún así muchas mañanas me cuesta levantarme de la cama», cuenta.

Los tiempos de espera son clave para las personas afectadas porque de estas valoraciones depende la posibilidad de recibir ayudas o servicios por parte de la administración. De hecho, hay personas que han muerto antes de tener la resolución y han tenido que estar durante todo este tiempo de espera sin recibir apoyos en el momento que más los necesitaban.

El plazo máximo para la resolución y notificación del grado de discapacidad es de tres meses desde la entrada de la solicitud en el registro del órgano competente para tramitarla. Sin embargo, la Conselleria de Asuntos Sociales liderada por Fina Santiago tarda entre nueve y diez meses. «Las personas con discapacidad necesitamos contar con una burocracia rápida y efectiva para derrumbar las barreras a las que nos tenemos que enfrentar en el día a día», reclama Jesús.

Cabe señalar que la normativa que regula estos procedimientos cambiará a partir del próximo 20 de abril, con la entrada en vigor de Real decreto 888/2022, que establece un plazo máximo de resolución de seis meses. Todas aquellas solicitudes que fueran presentadas antes de la entrada en vigor del nuevo baremo, y llegado el día de la entrada en vigor (20/04/2023) aun no fue valorada, se les tendrá que aplicar el nuevo baremo.