El Gobierno balear envía a Europa una ley con más carga ideológica que datos contrastables

La vicepresidencia del Gobierno balear y consejería de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática ha enviado a Europa su borrador del anteproyecto de ley de reforma de la Ley 8/2014, de 1 de agosto, del Juego y las Apuestas en las Islas Baleares. Se trata del último paso antes de iniciar los trámites europeos previos a su entrada al Parlamento balear.

Baleares será la primera comunidad autónoma que no concederá más licencias de juego. Pese a no tener datos concluyentes del sector del juego debido a problemas internos, según reconoció la propia administración Balear, la propuesta de modificación de la ley de juego del Gobierno balear fijará de manera arbitraria un máximo de 75 salas de juego por cada millón de habitantes, sin contar la población flotante debido al turismo.

Además, incluye una moratoria automática de nuevas licencias hasta que se alcance esa cifra, es decir, hasta que el número actual de salas de juego y apuestas no se reduzca a la mitad.

El pasado mes de abril, el vicepresidente y consejero podemita Juan Pedro Yllanes ya hizo pública esta medida bajo el titular oportunista y que no se corresponde a la realidad del sector de «no ser Las Vegas low cost», premisa con la que el Gobierno Balear se asegura de que no se concederán más licencias de juego en las Islas en las próximas décadas.

Miquel Piñol, Director General de Comercio, declaró que «la modificación de la ley del juego atiende las demandas de la sociedad civil que, en los últimos años, han mostrado su preocupación ante la proliferación de la oferta de juego, y a la necesidad de adoptar nuevos marcos normativos que pongan freno a un crecimiento excesivo».

¿Demandas de la sociedad civil? ¿Proliferación de la oferta de juego? ¿Crecimiento Excesivo? Hoy en día hay menos salones que hace unos años según los propios datos de la administración. Además, no existe constancia de ninguna demanda por parte de la sociedad civil.

Lo que sí que se puede apreciar es un claro posicionamiento ideológico de esta reforma de la ley por encima de los datos y evidencias demostrables. Incluso los expertos del sector han avisado de los peligros del las prohibiciones y restricciones en el juego legal, regulado y controlado: la proliferación del juego ilegal.

Por otro lado, Piñol ha insistido en la apuesta del Gobierno balear «por las políticas de prevención de las adicciones, de protección de nuestros menores y colectivos más vulnerables, de paz social y convivencia vecinal» otro planteamiento partidista que trata de aprovechar el oportunismo político y hacer oídos sordos a las realidades del sector en baleares: hace años que no existe un solo expediente por menores dentro de los salones de juego.

¿A qué se debe este desmedido e interesado interés en poner el foco mediático y regulatorio en el juego privado cuando la laxitud y los grandes problemas vienen del juego público? En dos palabras: oportunismo político.