El fiscal pide nueve años de cárcel para el principal acusado en el ‘caso Puertos’ que salpica a Armengol

La Fiscalía Anticorrupción reclama una pena de nueve años de cárcel para el ex presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), Joan Gual de Torrella, por dos delitos de prevaricación, dos de fraude a la Administración y cohecho en el marco del caso Puertos en relación a adjudicaciones de explotaciones en Mahón e Ibiza. Gual de Torrella es el principal implicado en un caso de corrupción que, según la investigación de la Guardia Civil, salpica a Francina Armengol, ex presidenta de Baleares y actual presidenta del Congreso de los Diputados.

El Ministerio Público también pide prisión, en este caso tres años, para el ex alcalde socialista de Ibiza, Rafael Ruiz. Igualmente solicita cuatro años de prisión por cooperación necesaria en la prevaricación para el que fuera director de la APB, Juan Carlos Plaza; el jefe de explotación, Armando Parada; el exjefe del área de gestión, Fernando Berenguer, y la abogada del Estado Dolores Ripoll.

En el escrito del fiscal anticorrupción Juan Carrau, al que ha tenido acceso OKDIARIO, considera que entre los años 2015 y 2020, todos ellos con cargos en la Autoridad Portuaria, se concertaron entre sí y con unos particulares para la adjudicación de los puertos deportivos y recreativos de Ibiza y  Mahón.

El caso Puertos se refiere en primer lugar a las múltiples irregularidades en la concesión del Club Náutico de Ibiza a la actual sociedad que explota las instalaciones desde 1970. De la investigación desarrollada por la Guardia Civil se desprende que durante la tramitación de la concesión, el que era presidente de Autoridad Portuaria, Joan Gual de Torrella, se comunicaba con la presidenta balear, Francina Armengol, para hablar del tema. Gual de Torrella tuvo que dimitir tras ser detenido y es el principal imputado en la trama de corrupción

Los whatsapp intervenidos por la investigación del caso Puertos inculpan directamente a Armengol en el amaño del concurso público para la adjudicación del Puerto de Ibiza.

En uno de los whatsApp intervenidos por la Guardia Civil, el que era presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares hasta su detención, Juan Gual de Torrella, le comunica a Armengol la estrategia a seguir para amañar la adjudicación del Club Náutico de Ibiza. «Buena noticia. Mil gracias querido», es la respuesta de Armengol al mensaje de Gual de Torrella.

El texto completo del whatsapp de Gual de Torrella a Armengol es este: «Francina, buenas tardes. Según la Abogacía del Estado lo del Club de Ibiza, no va más allá. Lo arreglaremos en el próximo Consejo de Administración. Mientras, que hagan su trabajo el club, y en silencio mejor. Besos». Lo envió a las 15:32 horas del día 26 de marzo. Sólo media hora después (16:04 horas), Armengol responde con el «Mil gracias querido».

En mayo de 2020, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares anuló la concesión y condenó en costas a la Autoridad Portuaria por haber utilizado un término subjetivo como es el de «arraigo» para adjudicar del Club Náutico de ibiza.

El Club Náutico de Ibiza es un negocio extremadamente codiciado debido a la gran cantidad de atraques para yates de lujo durante todo el año. Los actuales concesionarios han ido consiguiendo la adjudicación desde 1970 y todo fue bien hasta que apareció un competidor, la empresa Club Deportivo Básico Doce Millas, que aspiraba al suculento negocio. Al no conseguirlo inició la batalla judicial que ha derivado en el caso Puertos.

El fiscal señala en su escrito que los acusados en el caso Puertos maniobraron «en beneficio de los particulares y apartándose para ello de los criterios de legalidad, transparencia, objetividad y concurrencia que han de presidir las decisiones públicas» y generando, además, perjuicio para los intereses económicos de la APB.

En el caso de la adjudicación a favor del Club Náutico de Ibiza, el escrito refiere que participó también de ese concierto Rafael Ruiz en su condición de vocal del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria y alcalde de la ciudad de Ibiza en el momento de los hechos.

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma dictó en junio auto por el que abría la puerta a juzgar a Gual de Torrella y al resto de acusados por el presunto amaño de dos adjudicaciones públicas. El auto implicaba en la práctica cerrar la instrucción del conocido como caso Puertos, tras cuatro años de investigaciones.