El ex alcalde de Felanitx del PP niega el presunto amaño del concurso de las playas

El ex alcalde de Felanitx de 2011 a 2015, Gabriel Tauler (PP), ha negado este miércoles en la Audiencia Provincial el presunto amaño del concurso de las playas, afirmando que todo se hizo respetando la ley y que, de hecho, los resultados económicos fueron muy favorables para el Ayuntamiento.

La Fiscalía pide para él una pena de dos años de cárcel y 20 años de inhabilitación para ejercer cargo público, por presuntos delitos de prevaricación continuada y fraude. Lo acusa de haberse concertado con un regidor para asegurar que la concesión, en 2014, fuera a parar a manos de una empresa en concreto, Marportunbeach.

Junto a él se sientan en el banquillo otros seis acusados -además de la empresa como responsable civil subsidiaria- entre ellos el ex concejal de Playas, acusado por los mismos delitos y revelación de secretos, quien también ha negado el amaño. Tanto Tauler como Vidal han contestado sólo a sus respectivos abogados, José Zaforteza y Gaspar Oliver. El resto de acusados declarará este jueves. El juicio ocupará todo el mes.

En la primera sesión, Tauler ha justificado una a una las decisiones que se tomaron en relación a este contrato; la primera de ellas, la designación de un profesional externo para elaborar los pliegos -también acusado en la causa-. El fiscal Anticorrupción Juan Carrau considera que se trataba de una persona próxima a la empresa y que su elección fue una maniobra para que las condiciones se diseñaran favoreciendo a la mercantil.

El ex alcalde ha rechazado esa tesis, asegurando que la elección de este técnico vino motivada porque «con la nueva ley que había salido» era «inviable» para el Ayuntamiento «sacar un pliego de esta magnitud» con su propio personal.

El nombre del profesional contratado lo proporcionó el regidor de Playas, Juan Ramón Vidal, que indicó que ya había trabajado con el Ayuntamiento de Pollença. Tauler ha afirmado que personalmente llamó al alcalde pollencí para contrastar esas referencias y éste le dio «muy buena opinión».

«Me dijeron que con las playas les iba muy bien, que estaban muy contentos con su trabajo y era muy profesional», ha declarado el ex alcalde de Felanitx, que ha incidido en que no tenía ninguna relación con él ni ningún interés particular en que se le designara. El contrato, ha remarcado, lo formalizaron los servicios jurídicos y con posterioridad los pliegos que elaboró se han seguido utilizando como base «con muy pocas variaciones» por parte de un nuevo equipo de gobierno de otro color político.

Tauler ha defendido que el resultado fue muy beneficioso para las arcas municipales. Con las playas «siempre había problemas desde hacía años» por denuncias y recursos que habían dado lugar a indemnizaciones y «hasta el momento todas las playas eran deficitarias». En cambio, ahora «el Ayuntamiento ha empezado a tener superávit en la explotación de playas y el servicio ha mejorado mucho», recoge la agencia Europa Press.

Un concurso muy favorable para el Ayuntamiento

Según ha detallado, el técnico dio tres opciones: sacar a concurso playa por playa -el modelo vigente hasta entonces, lo que no resultaba «económicamente favorable» para el Ayuntamiento según el entonces alcalde-, sacar todas las playas de golpe o hacer lotes, posibilidad por la que optaron.

Se agruparon las de S’Arenal y Cala Marçal, en otro lote Cala Ferrera y Cala Sa Nau; y aparte, Cala Mitjana y Caló de Ses Dones en lotes independientes de menor cuantía. «Para la economía del Ayuntamiento fue muy positivo», ha declarado el ex alcalde, que ha apuntado que en la comisión de regidores nadie puso objeciones.

Tauler también ha defendido el plazo que establecieron para la presentación de ofertas. La Fiscalía sostiene que los acortaron al máximo, ilegalmente, para beneficiar al ganador; el acusado en cambio asegura que fue el plazo indicado por los servicios técnicos, aunque por el anuncio telemático que se hizo en fin de semana «los días hábiles se habían acortado» y por ello «se decidió ampliar para dar los días que establece la ley».

En cualquier caso, el ex alcalde ha negado tajantemente que diera una orden para que el concurso fuera adjudicado a Marportunbeach, limitando su relación con el empresario a que lo conoce «del municipio», igual que a otro de los candidatos.

Igualmente, Tauler ha declarado que la adjudicación a la empresa ganadora del concurso se aprobó por parte de la Junta de Gobierno sin que nadie expresara oposición. En este punto ha especificado que la interventora no puso reparos en las juntas pero sí en la mesa de contratación, cosa que se transcribió en las actas «hasta que dio el visto bueno».

Asimismo, el ex alcalde ha indicado que llegaron «muchas» denuncias de otros concursantes y que se les dio el oportuno trámite. «Todo el que estuviera implicado elaboró los correspondientes informes para actuar en consecuencia», ha dicho. En cualquier caso, tuvo conocimiento de la acusación contra él cuando lo llamaron a declarar a la Guardia Civil.

«Eso es mentira»

Por su parte, Vidal ha corroborado lo expuesto por el alcalde y ha negado que adelantara el pliego a ninguno de los optantes al concurso. La Fiscalía sostiene que primero los pasó al ganador para darle ventaja en la preparación de ofertas y más tarde a otros optantes para disfrazar el trato de favor.

Del mismo modo, el ex concejal ha negado que reconociera a otro de los imputados haber cobrado un dinero a cambio de este amaño, estando bajo los efectos del alcohol. «Eso es mentira», ha dicho Vidal.

El ex regidor de Playas, para el que la Fiscalía pide cuatro años de cárcel e inhabilitación por 23 años, también ha afirmado que no hubo impedimento a utilizar el procedimiento de urgencia: «La interventora dijo que estaba de acuerdo».

El juicio continuará este jueves con las declaraciones del resto de acusados: el técnico que elaboró los pliegos; el secretario del Ayuntamiento que conformó el pago por ese encargo; el empresario ganador; un ingeniero municipal que valoró la oferta; y un trabajador de la empresa acusado de estrellar su todoterreno contra un establecimiento de un competidor que había impugnado las adjudicaciones, supuestamente con el objetivo de intimidarle.