España se desintegra por partes

Hay momentos en la historia de una nación en los que algo empieza a cambiar sin que nadie sea capaz de señalar exactamente el día en que ocurrió. No hay una explosión. No hay una frontera que desaparezca de repente. No hay una bandera que deje de ondear de un día para otro.

Lo que existe es algo mucho más silencioso y, quizá por eso, mucho más peligroso: la acumulación de síntomas.

Una institución pierde prestigio. Un principio constitucional empieza a relativizarse. Una parte del territorio reclama un trato diferente. La igualdad entre españoles comienza a admitir excepciones. La política se convierte en una lucha permanente por la supervivencia. La sociedad se polariza. La confianza en quienes gobiernan disminuye. El adversario político deja de ser alguien que piensa diferente para convertirse en alguien al que hay que destruir.

Y mientras todo eso sucede, seguimos diciendo que no pasa nada. Quizá ese sea precisamente el problema. Cuando los síntomas aparecen todos a la vez.

España no se está desintegrando porque exista un único problema. Se está produciendo algo mucho más complejo: demasiados problemas diferentes empiezan a apuntar en la misma dirección.

El deterioro institucional no puede analizarse aisladamente de la erosión de la confianza ciudadana. El problema territorial no puede separarse de la ruptura de determinados consensos constitucionales. La situación de nuestras fronteras no puede contemplarse únicamente como una cuestión migratoria. La polarización política no puede desligarse del enfrentamiento social.

Cada problema tiene su explicación particular. Pero una nación no vive de explicaciones particulares. Vive de un conjunto de equilibrios. Y cuando esos equilibrios comienzan a romperse simultáneamente, aparece algo que no siempre reflejan las estadísticas: la sensación de que el país está perdiendo cohesión, dirección y proyecto común. Ese es el verdadero asunto.

Las instituciones

Una democracia no se sostiene únicamente porque haya elecciones. Se sostiene porque los ciudadanos creen que las instituciones pertenecen a todos y no al partido que circunstancialmente ocupa el poder.

Gobiernos pasan. Partidos pasan. Presidentes pasan. Las instituciones permanecen o deberían permanecer. Cuando la Justicia, la Fiscalía, los órganos constitucionales, los medios de comunicación o cualquier otra institución del Estado quedan atrapados en una batalla política permanente, el daño no lo recibe solamente quien gobierna o quien está en la oposición. Lo recibe la propia arquitectura del Estado.

Y cuando un ciudadano deja de confiar en una institución porque cree que responde antes a intereses partidistas que al interés general, no pierde solamente la confianza en esa institución. Pierde una pequeña parte de su confianza en el sistema. Y eso, acumulado durante años, es devastador.

La fractura territorial

Después está el problema territorial. Durante décadas, España ha vivido una tensión permanente entre el Estado común y determinados nacionalismos que cuestionan precisamente ese concepto de nación común.

La descentralización puede ser perfectamente compatible con la unidad nacional. Lo que resulta mucho más difícil de sostener es que la igualdad entre españoles pueda convertirse en una variable negociable dependiendo de la aritmética parlamentaria.

Porque si cada territorio puede obtener una excepción a cambio de sus votos, el Estado deja progresivamente de ser percibido como un espacio común para convertirse en una suma de intereses territoriales enfrentados.

Y aquí aparece una pregunta incómoda: ¿Cuánto puede fragmentarse un Estado políticamente antes de que la propia idea de Estado común empiece a perder contenido? No hablamos solamente de Cataluña, País Vasco, Navarra o cualquier otra comunidad. Hablamos de todos.

Porque si el principio acaba siendo «lo que consiga uno, puede exigirlo otro», la lógica territorial deja de ser cooperativa y comienza a convertirse en una carrera por obtener privilegios. Y entonces el ciudadano deja de preguntarse qué es justo para España y empieza a preguntarse qué consigue su territorio. Eso también desintegra.

La igualdad ante la ley

Hay algo todavía más profundo. Una nación necesita ciudadanos diferentes, con ideologías diferentes, con intereses diferentes y con proyectos vitales diferentes. Pero necesita que todos sepan que existe un suelo común. Ese suelo común es la ley. La igualdad ante la ley no es una frase ornamental de la Constitución, es uno de los vínculos invisibles que mantienen unida una sociedad.

Cuando una parte de los ciudadanos empieza a percibir que existen españoles con más derechos políticos, territoriales o económicos que otros, la sensación de pertenencia común comienza a deteriorarse.

Y cuando la igualdad deja de ser un principio para convertirse en una moneda de negociación, estamos tocando uno de los cimientos del edificio.

Las fronteras también hablan

Una nación también se define por su capacidad para proteger sus fronteras. La inmigración irregular es un fenómeno complejo que no puede reducirse a consignas. Hay personas, dramas humanos, mafias, intereses geopolíticos y responsabilidades internacionales.

Pero un Estado que no controla adecuadamente sus fronteras transmite algo más que una determinada imagen migratoria, transmite una imagen de vulnerabilidad. Y España tiene además una circunstancia singular: sus fronteras no son únicamente las de la Península. Ceuta y Melilla son territorio español y frontera exterior de la Unión Europea.

Cuando las presiones sobre esas fronteras aumentan, cuando Marruecos utiliza la cuestión migratoria dentro de una relación bilateral compleja o cuando determinadas situaciones generan dudas sobre la capacidad de respuesta del Estado, no estamos simplemente ante un problema migratorio.

Estamos ante un problema de soberanía, seguridad y capacidad estatal. Una nación que no protege sus fronteras transmite debilidad. Y la debilidad también es un síntoma.

Una sociedad cada vez más enfrentada

Pero quizá el deterioro más profundo sea el que no aparece en ningún boletín oficial. El deterioro de la convivencia. España parece haber entrado en una dinámica en la que demasiadas cuestiones terminan convertidas en una guerra entre bloques. Izquierda contra derecha. Gobierno contra oposición. Unos españoles contra otros. Unos territorios contra otros. Unos medios contra otros.

Y así, poco a poco, desaparece algo fundamental: la posibilidad de discrepar sin considerar enemigo al que discrepa. Una democracia necesita conflicto político. Lo que no necesita es convertir al adversario político en un enemigo moral. Porque cuando una sociedad deja de compartir unos mínimos, cualquier crisis termina multiplicándose.

Y una nación profundamente dividida es mucho más vulnerable que una nación que puede discutir intensamente, pero conserva un sentido básico de pertenencia común.

Una dimensión económica

Y tampoco podemos ignorar la economía. La deuda pública española continúa siendo muy elevada. Eso no significa que España esté económicamente quebrada ni permite ignorar otros datos positivos de la economía. Pero sí significa que el margen de maniobra de cualquier Estado tiene límites.

Una deuda superior al cien por cien del PIB no es una cuestión ideológica. Es una realidad. Y detrás de los grandes números existen ciudadanos que pagan impuestos, familias que afrontan una vivienda cada vez más difícil, jóvenes que encuentran obstáculos para independizarse y pensionistas que necesitan que el sistema sea sostenible.

Una nación también se deteriora cuando una parte importante de sus ciudadanos deja de confiar en que el futuro será mejor que el presente.

El problema no es un Gobierno, es algo más profundo

Podría parecer que todo esto es una crítica al actual Gobierno. No exactamente. Los gobiernos son responsables de sus decisiones y deben responder políticamente por ellas.

Pero el problema que planteo es mucho más profundo. España no puede depender de que un determinado Gobierno sea sustituido por otro para recuperar sus equilibrios fundamentales.

Si mañana cambiara el Gobierno y continuaran la polarización, la desconfianza institucional, la fractura territorial, la pérdida de consensos, la debilidad demográfica, los problemas de vivienda, el endeudamiento y la dificultad para construir un proyecto nacional compartido, seguiríamos teniendo el mismo problema.

Porque una nación no se arregla únicamente cambiando al inquilino de La Moncloa. Hay que reconstruir aquello que permite que millones de personas diferentes puedan sentirse parte de la misma comunidad política.

No es el final de España

Y aquí conviene hacer una precisión. Decir que existen síntomas de desintegración no significa afirmar que España haya desaparecido. España sigue existiendo. Existe una Constitución. Existen instituciones. Existe una sociedad civil extraordinariamente fuerte. Existen unas Fuerzas Armadas y unas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Existe una historia compartida. Existe una cultura común. Existe una lengua compartida por cientos de millones de personas. Existen millones de ciudadanos que, independientemente de su ideología, siguen sintiéndose españoles.

Precisamente por eso la cuestión merece ser tomada en serio. Porque todavía hay mucho que conservar. Las naciones no suelen desaparecer el día en que se rompe una frontera. Empiezan a desaparecer mucho antes, cuando aquello que las mantiene unidas deja de importar. Cuando la ley deja de ser igual para todos. Cuando la nación común se convierte en una simple suma de territorios. Cuando las instituciones dejan de generar confianza. Cuando el adversario se convierte en enemigo. Cuando la historia compartida empieza a considerarse una carga. Cuando la palabra España produce incomodidad en quienes deberían poder pronunciarla con naturalidad.

Y, sobre todo, cuando una sociedad se acostumbra a todo ello. El peligro de acostumbrarse. Quizá ese sea el mayor peligro. No que España se rompa mañana. Sino que mañana aceptemos como normal aquello que hoy todavía nos parece inadmisible. Que nos acostumbremos a la excepcionalidad. A la cesión permanente. A la confrontación. A la desconfianza. A la desigualdad territorial. A la deslegitimación del adversario. A la debilidad institucional. A la pérdida de autoridad del Estado. A una sociedad cada vez más incapaz de reconocerse a sí misma.

Porque una nación no se desintegra solamente cuando alguien la destruye desde fuera. También puede desintegrarse cuando quienes deberían defender aquello que la mantiene unida dejan de considerar importante hacerlo.

España todavía está aquí. La cuestión es si vamos a esperar a que los síntomas se conviertan en diagnóstico. Porque quizá todavía no estemos contemplando la desaparición de España. Pero sí podemos estar contemplando algo que debería preocuparnos mucho más: el proceso por el cual una España que conocemos puede acabar siendo irreconocible. ¿Quién es capaz de arreglar todo esto?