Diez familias llevan dos años esperando que la Justicia balear reconozca el derecho a estudiar en español

Diez familias de Baleares llevan dos años esperando que la Justicia balear les reconozca el derecho de sus hijos a recibir al menos el 25% de la enseñanza en español en cumplimiento de las diversas sentencias del Tribunal Supremo referidas a Cataluña, sentencias que han sentado jurisprudencia y son de aplicación en toda España. Estas familias presentaron el contencioso ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares después de que la Conselleria de Educación les denegara el derecho a recibir enseñanza en español incumpliendo así la doctrina del Supremo y del Tribunal Constitucional.

Las familias acudieron a la Justicia de la mano de la asociación de profesores Plis y Sociedad Civil Balear. El presidente de Plis, Julián Ruiz-Bravo, afirma no entender la tardanza de  la Justicia balear en dictar sentencia aunque sospecha que está a la espera de lo que decida el Tribunal Constitucional sobre un recurso presentado por la Generalitat de Cataluña contra la obligación de ofrecer enseñanza en español.

La realidad es que ni las familias denunciantes ni la asociación de profesores Plis tienen mucha confianza en el TSJB visto los precedentes. El pasado mes de mayo la Justicia balear ya denegó a una familia el derecho a que su hijo reciba al menosel 25% de las clases en español. Esta decisión ha sido recurrida por la asociación Hablamos Español.

Era la segunda sentencia de la Justicia balear contra el 25% en español. A finales de 2022, el TSJB ya denegó la petición Salvador Iglesias, padre de una adolescente que estaba cursando tercero de la ESO en un instituto de Mallorca y que recibía todas las clases en catalán.

Frente a estas decisiones de la Justicia balear está el auto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana del pasado mes de mayo obligando a un colegio a ofrecer enseñanza en español.

El TSJB denegó la petición de Salvador Iglesias argumentando que la misma no se basaba en ninguna Ley autonómica o estatal sino en las sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo que fueron dictadas en relación con el sistema educativo catalán.

Los magistrados consideraron que «no puede aplicarse sin más la solución jurisprudencial derivada de la respuesta que la Administración catalana dio a la petición de los padres en los casos analizados en las sentencias» que el padre ponía como base para su demanda. Los magistrados consideran que la respuesta que dio la Administración balear fue diferente al ofrecer el derecho a recibir la primera enseñanza en castellano.

Hasta la fecha alto Tribunal de Baleares ha optado con sus sentencias por avalar la inmersión lingüística en catalán mientras que la Justicia de la Comunidad Valenciana ha dictado en el mismo sentido que lo hizo el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Ambos tribunales, al contrario del de Baleares, han reconocido el derecho a recibir al menos el 25% de las clases en español.

El Govern de Prohens en contra

Contra todo pronóstico,  el Govern balear que preside Marga Prohens (PP) defendió ante el TSJB la inmersión lingüística en catalán y se opuso ante la Sala de lo Contencioso a la solicitud de cuatro familias de Mallorca para que sus hijos reciban clases en español.

El 9 de mayo del año pasado, cuatro familias de un instituto de Calvià interpusieron un contencioso ante el TSJB con el fin de que se permitiera a sus hijos el poder estudiar en castellano en al menos el 25% del horario lectivo y al menos en una materia no lingüística troncal o de carácter análogo.

Las familias acudieron la Justicia después de que la dirección del instituto se negara a ofrecer al menos el 25% de la enseñanza en español, contraviniendo así diversas sentencias del Tribunal Supremo y la Jurisprudencia del Constitucional. La demanda la interpusieron durante la legislatura pasada y después de que la Conselleria de Educación del Govern que presidía Francina Armengol ratificara la decisión del instituto de mantener la inmersión lingüística en catalán a todos los alumnos.

Con el cambio de Govern y la promesa de la presidenta balear, Marga Prohens, de acabar con la dictadura del catalán, las cuatro familias confiaban en poder conseguir el derecho para sus hijos de recibir enseñanza en español pero la sorpresa llegó cuando la Abogacía de la Comunidad Autónoma mantuvo ante el TSJB la defensa de la inmersión lingüística en catalán.

Sandra Capllonch, abogada del Govern de la popular Marga Prohens, se opuso a la demanda afirmando que las familias no tienen ningún derecho a recibir enseñanza también en español y defendiendo el proyecto lingüístico de inmersión obligatoria que aplica el centro escolar a absolutamente todos los alumnos.

La asociación de profesores Plis y Sociedad Civil Balear, que asesoran a las familias que han demandado a la Administración balear ante la Justicia, denunciaron entonces «la hipocresía del Govern de Prohens, que por una parte sigue el lema del PP nacional de bilingüismo amable y a la hora de la verdad, se opone a que el castellano sea también lengua vehicular de enseñanza».

Según Plis, «no es de recibo que el PP balear se niegue a satisfacer el derecho de los padres a recibir enseñanza también en castellano, mientras el PP nacional habla de bilingüismo amable y el PP catalán defiende el bilingüismo escolar».

Además de todo esto, recordar que el pasado 25 de enero ya llegó la primera sorpresa en el sector educativo de Baleares al conocerse que el nuevo Govern del PP, que prometió acabar con la inmersión lingüística en catalán, había denegado a una familia la petición que había presentado para que su hijo recibiera al menos el 25% de las clases en español. Con esta decisión, el Govern seguía la estela del pacto de izquierdas que presidía Francina Armengol y avalaba que el Instituto de Calvià, donde estudia el alumno afectado, prosiga impartiendo el 100% de las clases en catalán.