El Ayuntamiento de Palma dejó cuatro meses sin seguro de invalidez y fallecimiento a los 700 chóferes de la EMT

La dirección de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) presidida por el concejal socialista Francesc Dalmau dejó durante cuatro meses a los 700 chóferes de la compañía sin seguro de invalidez y fallecimiento. El retraso en la convocatoria del concurso para su contratación, tras haber caducado la anterior póliza a finales del pasado 2020, provocó que entre enero y abril los conductores no hayan tenido esta cobertura.

Como consecuencia de ello, la compañía presidida por el también edil de Movilidad del Ayuntamiento de Palma se ha visto obligada a abonar de su presupuesto las indemnizaciones a las familias por el fallecimiento de dos trabajadores y a cuatro empleados a los que se les reconoció su invalidez durante el primer cuatrimestre del año.  En total, casi 250.000 euros que han sido asumidos por la empresa al no disponer hasta mayo del pertinente seguro para la cobertura de estos riesgos. 

Fuentes sindicales lamentaron esta situación y que la EMT haya tenido que asumir con dinero público el coste, por el retraso en la licitación del nuevo concurso, otro ejemplo más, para ellos, de la pésima gestión realizada por el gerente de la compañía, Mateo Marcús. 

No es la primera vez que esto sucede desde que el número dos de Dalmau, aterrizara en la EMT la pasada legislatura.  Los retrasos en las licitaciones de concursos y, las consecuencias que de ello se derivan, son ya una constante de la actual dirección y hay abundantes ejemplos de ello. Así sucedió con el mantenimiento del taller de Asitsa, al que la EMT se vio obligada a prorrogar el contrato dos años más al no haber adjudicado a tiempo el nuevo concurso, o en la construcción de la nueva gasinera, operativa desde septiembre, cuando la nueva flota de autobuses llevaba meses en Palma o con el vestuario de los chóferes que estuvieron un año sin poder cambiarse de uniforme porque no tenía un nuevo proveedor.  

De ahí que el comité de empresa haya solicitado al alcalde de Palma, José Hila, en innumerables ocasiones, la dimisión de Marcús, sin resultado alguno hasta la fecha. La última, el pasado mes de abril por el incumplimiento del grueso de los acuerdos que pusieron fin a la huelga del transporte urbano de Palma en septiembre de 2020. 

A ello hay que añadir que presidente y gerente están imputados tras la denuncia presentada por los sindicatos USO USO y SATI acusándolos de haber cometido, presuntamente, los delitos de malversación, prevaricación y falsedad documental, en la contratación sin concurso oposición de dos personas afines a la dirección. 

Unas imputaciones por las que ya respondieron, en primera instancia, en sede judicial el pasado mes de septiembre, pero de las que por tres veces se han negado a dar explicaciones al consejo de administración de la compañía municipal de transportes.