La auditoría

De entre los 110 acuerdos del pacto que suscribieron inicialmente el Partido Popular y Vox para investir a Marga Prohens como presidenta de la comunidad, ninguno tan importante como el acuerdo número 50. Reza así:

«50. Contrataremos una auditoría de cada uno de los organismos, empresas y entes públicos y se eliminarán aquellos que no reporten beneficios claros para la ciudadanía y supongan un gasto superfluo, innecesario, duplicado o con fines ideológicos y garantizaremos la máxima eficiencia del gasto en aquellos que continúen».

Ignoro si se ha contratado o no esta auditoría, si existe o no, si, de existir, duerme el sueño de los justos o no, o si se ha tomado alguna decisión al respecto. Aunque no me cabe la menor duda de que una auditoría de estas características ayudaría a limar asperezas con el que, al parecer, sigue siendo todavía el aliado preferente del Govern del PP: VOX.

De momento, algunos malvados e insolidarios liberales vemos con decepción cómo se ha ido apagando el frenesí en desbrozar la burocracia balear que caracterizó en el inicio de legislatura al vicepresidente y consejero de Hacienda, Antoni Costa, cuando eliminó en un santiamén la Oficina Anti-Fraude y la Comisión Balear de Medio Ambiente. Un espejismo.

Nuestro disgusto con Costa es sólo relativo. Apreciamos sobremanera que su eficacia legislativa, siempre bien pertrechado en estos arduos menesteres por los eficacísimos Marga Durán y Sebastián Sagreras, se haya saldado con la parálisis de la actividad reguladora del parlamento balear y con la incapacidad de aprobar los presupuestos de 2025, dos excelentes noticias para los ciudadanos que no verán así incrementado el infierno burocrático y fiscal al que están sometidos.

Se trata de un avance significativo respecto al octenio negro armengolino cuyos eficaces dirigentes, dándoselas de probos progresistas y aprobando las cuentas un ejercicio tras otro, no cejaron en crucificarnos a impuestos, prohibiciones, cerrojazos y regulaciones, incurriendo en múltiples irregularidades, algunas inconstitucionales, de las que todavía esperamos una explicación, como estos 865 millones que Iago Negueruela repartió entre los empresarios después de cerrarles el negocio durante la pandemia y que, por lo visto, incluso la miope Sindicatura de Cuentas ha divisado fraudes y deficiencias por doquier.

Desde nuestra atalaya liberal, esperamos que el «gobierno en minoría» de Prohens siga atascado en la vía legislativa para lo que resta de legislatura, lo que redundará en beneficio de todos, asegurándole a la campanera la mayoría absoluta y, lo que no es menos importante, el más entusiasta apoyo de nuestro humilde club liberal.

Tan agobiante resulta ya la magnitud reguladora del Estado posmoderno que los liberales entendemos que el mejor parlamento es el que no legisla en absoluto. Claro está que sería mejor que nuestros diputados sólo se reunieran dos meses al año, como hacen en algunos estados como Tejas o Florida, pero como mal menor lo mejor es abstenerse de aprobar nada en los diez meses de circo mediático a los que están obligados.

El liberalismo, que nace de una profunda desconfianza hacia el poder y de la necesidad de ponerle límites, se funda en dos principios clave: el de un gobierno mínimo o limitado y el de la igualdad ante la ley, también llamada isonomía. Así se evita la corrupción a gran escala de los partidos políticos, la burda compraventa de votos con fines electorales con el dinero de todos, la inseguridad jurídica, el expolio fiscal, el gobierno efectivo de lobbies y minorías con capacidad de extorsión, el atasco administrativo, la politización de la justicia y la judicialización de la política, el colapso judicial, la parálisis empresarial y la disfuncional confusión entre la ley positiva y la moral, mientras se favorecen el sentido de la justicia, las virtudes públicas, la libertad vinculada a la responsabilidad individual, la libre y pacífica cooperación entre individuos, el dinamismo de los emprendedores y, en definitiva, la paz, la justicia y la prosperidad de las naciones.

Está claro que la administración autonómica, al igual que la aún peor administración central, no cumple ni con el principio del gobierno limitado ni con la igualdad ante la ley, más bien se ha contagiado de todos los vicios asociados a las distintas capas estatistas que se han ido superponiendo una sobre otra en el Estado posmoderno, un Leviatán cada vez más todopoderoso y omnipresente que no deja nada al azar ni a la imaginación.

Este Estado posmoderno no se conforma sólo con dispensar servicios clásicos cada vez peores y más caros como enseñanza, sanidad, pensiones y los resogas de ocasión en lo que se ha venido a llamar el «estado del bienestar», hoy llamado «estado del malestar» por obvias razones. Este primer engordamiento del Estado se remonta a la primera fase del consenso socialdemócrata en su afán por detener el auge del comunismo tras la II Guerra Mundial. En efecto, el lema del consenso socialdemócrata siempre ha sido que si algo puede hacerse, debe hacerse, sin tener en cuenta sus consecuencias.

El Estado, en principio sólo socialdemócrata, no se detuvo allí y fue excretando más capas en su imparable desarrollo. La siguiente capa que segregó correspondía al estado cultural, fabricada a imagen y semejanza de aquel Estado Cultural del ministro francés André Maurois, preocupado en proveer de «cultura» a los ciudadanos, necesitados de una orientación clara y precisa para elevarlos a cumbres espirituales que, sin la participación de un ministerio o de una consejería de Cultura, ignorarían por completo. A esta faceta de ofrecer «creación cultural» a la plebe para que las Islas sigan siendo «un referente en la innovación, calidad y diversidad cultural» se dedica con energía encomiable el conseller Jaume Bauzá y el director del Instituto de Estudios Baleáricos, Llorenç Perelló.

La tercera capa de nuestro Estado autonómico que se superpondría a las dos anteriores, a la típicamente socialdemócrata y a la cultural, correspondería a la de un auténtico estado consolador, cuya misión no sería otra que la fabricación de montones de víctimas identitarias y colectivos insatisfechos en base a una legislación ad hoc creada al efecto. Una vez espoleadas las víctimas a salir del armario y consignada su desgracia y agravio por ley, nuestros funcionarios del consuelo las rescatarían del oprobio con el que la propia legislación las ha estabulado, procurándoles bienestar emocional, cerrándose así el círculo victimista. En esta nueva vuelta de tuerca del progresismo con veleidades woke, la Administración fabricaría primero el agravio y la desgracia para luego venir en socorro de estos desgraciados. Estamos hablando, sin querer ser exhaustivo, de colectivos como los estudiantes sobrediagnosticados, los nietos y los autodeclarados herederos de las víctimas frentepopulistas del 36, los docentes mallorquines emigrados a las islas menores, los escritores y artistas de la Ceba, las menores tuteladas o la rica diversidad de géneros arcoíris.

Ya por último, llegamos a la última costra que está excretando con un encomio digno de mejor causa el Govern prohensino, la del estado consultor. Su misión sería la propia de una consultoría que tanto nos recuerda a aquella oficina de estudios en la que Aina Calvo convirtió el consistorio de Palma y en cuyo cuatrienio, huelga decirlo, la socialista no hizo nada de nada más que anunciar proyectos a medio plazo, perdida como estaba entre tanto estudio, análisis, diagnóstico y experto. El Govern del PP no le anda a la zaga: observatorios de vivienda, mesas de sostenibilidad para poner límites al turismo, comisiones de expertos para ver qué ocurre con nuestra enseñanza, estudios de movilidad para saber el tráfico que pasa por cada carretera… El Govern de Prohens tal vez no gobierne pero lo que es estudiar se lo está tomando muy en serio, mucho más que nuestros estudiantes. Todo un máster de formación.

Así las cosas, y volviendo al principio de esta insoportable digresión… dolidos como estamos por las maledicencias contra Toni Costa al que llaman inmerecidamente canciller de los decretos-ley; horrorizados ante la amenaza de que nuestro Estado del Bienestar-Cultural-Consolador vaya excretando más y más pieles estatistas; y dispuestos a impedir en la medida de nuestras posibilidades tanta presión dirigista y ordenancista, nuestro modesto club liberal no tuvo otra ocurrencia que pedirle a los Reyes Magos una motosierra para Costa. Incluso estamos dispuestos a enseñarle cómo funciona. Les aseguro que el artefacto es una maravilla, pero primero hace falta la auditoría. Lo primero es lo primero.