El alcalde socialista de Palma prorrogará el contrato a la empresa de las notificaciones fraudulentas

El alcalde socialista de Palma, José Hila, prorrogará este mes el contrato a la empresa de las notificaciones fraudulentas, por segunda vez consecutiva, al concluir la prórroga del contrato sin haber resuelto el gobierno municipal el concurso recién convocado para su adjudicación a un nuevo concesionario.

Una pasividad que ha sido marca del actual gobierno municipal a lo largo de estas dos legislaturas, con decenas de contratos prorrogados, en muchas ocasiones con el rechazo expreso y el informe desfavorable del interventor municipal y cuyas facturas tienen que ser aprobadas en los plenos para poder ser abonadas.

En el caso del servicio de CI Postal, empresa responsable de las notificaciones de multas que continúa repartiéndolas pese a que cuatro de sus empleados fueron detenidos el año pasado, ya que presuntamente falseaban las firmas de los denunciados para ahorrar tiempo y cobrar la correspondiente comisión, la concesión acabó en septiembre y el gobierno municipal la prorrogó hasta marzo.

Seis meses después no hay nuevo concesionario y es ahora cuando el gobierno municipal acaba de sacar a concurso este servicio por tres años y un total de 15,5 millones de euros. La resolución del mismo, como mínimo ya que la adjudicación se puede demorar semanas o meses, podría ser antes del arranque de la campaña electoral, el próximo mes de abril, pero dependerá de los licitadores que opten al mismo.

La pericia y agilidad en la gestión no es precisamente el fuerte de un gobierno municipal que en seis meses ha sido incapaz de sacar a tiempo el nuevo pliego de condiciones del servicio y que ha fijado para mediados de abril la apertura de los sobres con las ofertas que se presenten a este concurso. Tendrá, por tanto, que volver a realizar una nueva prórroga hasta su adjudicación. Y mientras esto sucede, los afectados por las multas sin notificar continúan criticando la actitud del gobierno municipal.

«El Ayuntamiento de Palma nos ignora», afirma Paco, residente en la capital balear y uno de los miles de afectados por las irregularidades en las notificaciones del concesionario municipal.

Como apunta este palmesano, pese a conocer las irregularidades tras presentar los afectados las correspondientes instancias exigiendo la devolución de lo cobrado y de los recargos abonados, la actitud del Ayuntamiento «es la de mirar para otro lado».

«La gente tiene que ser consciente de que los afectados somos unos, pero que mañana puede ser usted mismo», afirma Paco que cuenta la desagradable sorpresa con la que se encontró un día.

«El Ayuntamiento por arte de birlibirloque se inventa que te han notificado, y te presenta una notificación que no has firmado y que pones que vives en otra zona que no es en la que realmente vives. Ya no son los 220 euros que me quitaron del banco, porque me considero afortunado de que he podido pagarlo, pero esto ha pasado con cantidades de miles de euros, y a pensionistas que se han visto con una soga al cuello», relata.

La actitud del Ayuntamiento de Palma, en este caso, como certifica Paco es la de «ignorar todas las quejas y mirar para otro lado».

«Es indignante. Hay pensionistas que van pagando las sanciones cada mes de 75 en 75 euros. Me parece de vergüenza. Llamar ladrón a quien permite eso me parece poco», concluye Paco.