El 25% de los menas con paga semanal en Aragón están castigados sin salir por «comportamientos peligrosos»

El 25% de los menores extranjeros no acompañados (MENA) que perciben una asignación semanal en Aragón se encuentran sancionados con la prohibición de salir del centro de residencia por orden judicial, o bien tienen abiertas diligencias policiales, denuncias o expedientes administrativos.

Así lo refleja un informe oficial del Gobierno de Aragón, el primero de carácter público que detalla, día a día, los conflictos denunciados ante la Policía Nacional en los que están implicados estos menores. El documento ha sido utilizado por Vox para subrayar la relación entre inmigración y delincuencia, que la formación viene denunciando a nivel nacional desde su portavocía en la materia, representada por Samuel Vázquez, presidente de Una Policía para el Siglo XXI.

La publicación del informe procede de la Consejería de Desregulación, Bienestar Social y Familia, dirigida por el vicepresidente Alejandro Nolasco (Vox). El departamento justifica la difusión de estos datos «en aras de la transparencia» y sostiene que «la opinión pública debe conocer la realidad y sus consecuencias».

En la actualidad, Aragón acoge a 219 menores extranjeros no acompañados. Según el informe, uno de cada cinco de estos menas enfrenta procedimientos judiciales por comportamientos considerados «peligrosos».

La cifra se ha dado a conocer tras el anuncio del vicepresidente Nolasco de suprimir las asignaciones semanales que percibían estos menores, lo que generará un ahorro estimado de 194.114 euros anuales (cada menor recibía 74 euros al mes).

El ministerio de Juventud denuncia al Gobierno de Aragón

La medida ha motivado la reacción del Ministerio de Juventud e Infancia, dirigido por la comunista Sira Rego, que ha presentado una denuncia ante la Fiscalía contra el Gobierno de Aragón por considerar que la retirada de la prestación constituye «una discriminación contraria a la Constitución y a la Convención sobre los Derechos del Niño».

Aunque aún no se ha respondido formalmente a la ministra, desde la Vicepresidencia del Gobierno de Aragón se ha confirmado a OKDIARIO que se cuenta con «un informe favorable de los Servicios Jurídicos», solicitado previamente para verificar la conformidad de la medida con el ordenamiento jurídico.

En consecuencia, el Ejecutivo autonómico, en su condición de titular del servicio, ha remitido una instrucción a los centros de menores ordenando la supresión de dichas asignaciones. Fuentes del Departamento aseguran que la decisión se enmarca plenamente en el ordenamiento legal vigente y se alinea con el acuerdo de gobierno suscrito entre Vox y el Partido Popular en abril pasado.

Los graves conflictos en los centros de menas

Una sucesión de incidentes graves en centros de menores de Aragón durante las últimas semanas ha reavivado el debate sobre la seguridad y la gestión de estos recursos. Entre el 20 de mayo y el 19 de junio se registraron numerosas intervenciones policiales en centros como CATIM, CAIIMA de Movera y el centro de Peralta de la Sal, motivadas por peleas multitudinarias, agresiones a trabajadores y otros menores, amenazas, fugas y presuntos delitos cometidos tanto dentro como fuera de las instalaciones.

Según la relación de hechos que recoge el informe del Gobierno de Aragón, varios episodios estuvieron vinculados al presunto consumo de drogas por parte de algunos menores, circunstancia que habría derivado en comportamientos violentos, ingresos hospitalarios y reiteradas actuaciones de los servicios de emergencia. Los profesionales denunciaron agresiones físicas, amenazas e importantes daños materiales, mientras que en algunos casos fue necesaria la presencia policial durante varias horas para restablecer el orden.

Fuera de los centros también se registraron detenciones de menores por presuntos robos con violencia a viandantes, entre ellos una anciana de 90 años, así como diversas fugas de internos, algunas de ellas tras episodios especialmente violentos. Uno de los casos más graves fue la agresión grupal a un menor residente en el centro CAIIMA, que tuvo que ser hospitalizado con múltiples lesiones y cuya investigación motivó el traslado de los presuntos agresores a otros centros.

La sucesión de incidentes ha generado preocupación entre los trabajadores de los centros, que reclaman un refuerzo de las medidas de seguridad y de los recursos disponibles para garantizar tanto su integridad física como la del resto de menores acogidos. Entretanto, varios de los hechos han sido puestos en conocimiento de la Policía y de la autoridad judicial para su investigación.