El 94% de los extranjeros condenados con orden de expulsión se queda en España por estar «arraigado»

El 94% de los extranjeros condenados en sentencia firme con orden de expulsión se quedan en España. Así lo demuestra los datos aportados por el Poder Judicial: sólo 1.338 condenas de expulsión fueron efectivas de los 22.977 casos proyectados susceptibles de ser expulsados. Vox denuncia que estas cifras de 2024, responden a un «desplome» continuado durante una década, pese al «incremento generalizado de la delincuencia extranjera».

Los de Abascal culpan nuevamente al «arraigo», es decir, la invocación de vínculos familiares, sociales y laborales, que neutralizan la expulsión. Además, Vox sospecha que las cifras reales de delincuentes inmigrantes podrían ser más altas si se tuviera en cuenta que en España hay alrededor de 3 millones de nacionalizados que contabilizan en el sistema como “españoles” sin distinguir si son de origen.

Conocer el origen de los delincuentes

Para poner fin «al oscurantismo» de los datos, Vox pide que el Ministerio de Interior publique el país de origen de los infractores en los balances de criminalidad independientemente de su nacionalidad. Una iniciativa que pondría en evidencia, según Vox, «el fraude» de aquellos nacionalizados que delinquen beneficiándose de los privilegios que otorga la nacionalidad, lo que abriría a la larga la posibilidad de revocar la nacionalidad, como proponen, de todos aquellos inmigrantes que cometan «cualquier delito del Código Penal», modificando el artículo 89.

La exigencia de incluir el origen del delincuente está inspirada en sistema autonómico policial del País Vasco. Actualmente sólo la Ertzaintza utiliza el lugar de nacimiento como criterio de clasificación. Dicho criterio posibilita una gradualidad superior a la del SEC, lo que permite, tal y como apunta la Fundación Disenso (el think thank de Vox), que «una persona nacida en Marruecos que haya obtenido la nacionalidad española computará como extranjera en los datos de la Ertzaintza, pero como española en el SEC».

770 millones de euros al año

Junto a esta medida, Vox ha registrado una batería de propuestas enfocadas a modificar la legislación penal y de extranjería con el objetivo de «garantizar la protección de la integridad física, las libertades y los derechos de los españoles» y lograr que los delincuentes extranjeros cumplan la pena impuesta en sus países de orígenes.

Algunas de estas medidas registradas por separado en ocasiones recientes como Proposición de Ley, busca aglutinar así mismo el plan que la formación tiene para imponer de nuevo el orden de legalidad en España «desde el sentido común» a fin de «vaciar» las cárceles de delincuentes extranjeros.

Los de Abascal denuncian el gasto público la manutención de los presos que «no deberían cumplir su pena» en las cárceles españolas. Según un cálculo de Vox, basándose en los datos oficiales aportados por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias de diciembre de 2025, la manutención de criminales extranjeros en las prisiones habría ascendido «a un gasto aproximado de más de 770 millones de euros».

Los de Abascal toman de referencia el presupuesto consolidado de las cárceles para obtener esta estimación, teniendo en cuenta que los extranjeros representan el 33,45% de la población reclusa en España. Una cifra mayor si se tiene en cuenta comunidades como Cataluña, donde los extranjeros representan el 52,85% de los presos. Califican de «indignidad» el hecho que la ciudadanía tenga que sufragar «los gastos generados por extranjeros que no deberían de estar en España, sin que sus países de origen asuman responsabilidad alguna».

«Un riesgo adicional»

Vox también pone el foco en los ex presos extranjeros reincidentes. Alertan del «riesgo adicional» para los españoles que «decenas de miles de delincuentes ya condenados» –ese 94% citado al comienzo que terminan por no ser expulsados por motivo del arraigo– «sigan deambulando por España al término de sus condenas». «Muchos de ellos dispuestos a reincidir», añaden.

«Absorber de manera indefinida a criminales provenientes de todo el mundo es insostenible, inmoral y contrario a los fines propios del Estado»,  concluyen en el texto registrado para debatirse en el Congreso de los Diputados.