Otro socialista condenado por los ERE sale de prisión: Barberá excarcelado por su «enfermedad grave»

Un nuevo socialista condenado por el Caso ERE sale de prisión, en esta ocasión por su «enfermedad grave». Se trata de el ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá, condenado a siete años y un día de cárcel por malversación en el procedimiento específico de financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos; ha accedido al régimen de tercer grado penitenciario por la enfermedad grave incurable que sufre y con ello consigue la libertad condicional tras más de un año y cuatro meses en la prisión Puerto III de El Puerto de Santa María.

Según han informado fuentes del caso, se trata de un procedimiento y decisión que han sido canalizados por la vía penitenciaria. Más al detalle, la decisión habría sido adoptada inicialmente por la junta de tratamiento de la cárcel de Puerto III, donde ingresó el pasado 11 de abril de 2023 para cumplir la pena de siete años y un día de prisión que le impuso la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla.

Barberá ingresaba aquel día en prisión después de que la Sección Primera de la Audiencia denegase su petición de suspender su pena de cárcel, reconociendo el tribunal que es «cierto» que Barberá «padece una enfermedad grave incurable», pero considerando por contra que el tratamiento prescrito a este exalto cargo socialista de la Junta de Andalucía podía «ser dispensado» en el centro penitenciario «con las revisiones hospitalarias a que deba ser sometido».

Ahora, la decisión de la junta de tratamiento de la cárcel de El Puerto III de concederle el tercer grado penitenciario y con ello la libertad condicional ha sido ratificada por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias y ha contado con la aquiescencia de la Fiscalía y del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, siendo así concedida la medida en cuestión, según las citadas fuentes.

Constitucional

Ello, por cierto, después de que recientemente, la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla desestimase la solicitud de libertad planteada por la defensa de Barberá ante la decisión del Tribunal Constitucional de estimar parcialmente los recursos de amparo de diferentes ex altos mandatarios socialistas de la Junta condenados por el «procedimiento específico» de financiación de los ERE, anulando sus condenas y ordenando a la Sección Primera emitir nuevas sentencias respecto a los mismos. Dicha instancia resolvió así con relación a Barberá al no haber recurrido este encartado en amparo ante el Tribunal Constitucional.

En concreto, en un auto emitido el pasado 10 de julio, el tribunal daba cuenta de que la defensa de Barberá solicitó su puesta en libertad «en atención a las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional, parcialmente estimatorias de los recursos de amparo interpuestos por algunos de los condenados» por el mecanismo de financiación de los ERE fraudulentos y las ayudas arbitrarias a empresas, con cargo a los fondos de la Junta de Andalucía.

Se trata de las sentencias emitidas por una mayoría de magistrados del Constitucional admitiendo parcialmente los recursos de amparo de la exministra socialista y ex consejera de Economía de Andalucía, Magdalena Álvarez, el ex consejero socialista de Empleo Antonio Fernández, la ex consejera socialista de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, el ex consejero socialista de Innovación Francisco Vallejo, al ex viceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román y el ex director general de IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar, frente a las condenas que les fueron impuestas.

La sentencia inicial del caso fue dictada en 2019 por la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, toda vez que en 2022 el Tribunal Supremo desestimó los recursos de casación de todos estos inculpados, lo que finalmente devino en el ingreso en prisión de Antonio Fernández, Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo, Jesús María Rodríguez Román y Miguel Ángel Serrano Aguilar entre finales de 2022 y comienzos de 2023, pues con relación a ellos, la sentencia inicial condenatoria de la Audiencia detectaba no sólo prevaricación con su correspondiente pena de inhabilitación, sino además malversación y por ende pena de prisión.

Barberá, como ha sido señalado, ingresó en prisión en abril de 2023 después de que la Sección Primera desestimase su petición de suspender su pena de cárcel por su grave enfermedad incurable.