Andalucía advierte de que será difícil recuperar los 680 millones de los ERE al eliminar la malversación

La Junta de Andalucía ha advertido este miércoles de la «dificultad» que tendrán para recuperar los 680 millones de euros de dinero público que se destinó a otros fines a los previstos en el caso ERE tras las sentencias del Tribunal Constitucional (TC). Así lo ha señalado este miércoles Carolina España, consejera de Economía del Ejecutivo andaluz, que ha negado que el caso ERE sea «una cacería política del PP», tal y como están alegando ahora los socialistas.

«Desde el Partido Socialista se está intentando trasladar que esto ha sido o que fue una cacería política del Partido Popular, y eso no es cierto, nada más lejos de la realidad», ha dicho la consejera, que ha recordado que ha habido 18 jueces que dictaron en su momento dos sentencias, una de la Audiencia Provincial de Sevilla y otra del Tribunal Supremo, en donde «se deja claro» que «había un proceso estructurado para dar ayudas sociolaborales sin control» y por lo tanto «no tiene nada que ver el Partido Popular, son sentencias de los jueces» porque «se daban ayudas sociolaborales en servilletas de bar y los dineros se utilizaron, bueno, para drogas y para otras cuestiones».

España ha indicado que lo que sí preocupa al Gobierno andaluz es que «si ahora se deja fuera la malversación, con toda probabilidad se corre el riesgo» de no poder recupera, esos 679 millones de euros, de los que «se ha recuperado una parte, bastante pequeña hasta ahora». España ha incidido en que habrá «una mayor dificultad para poder recuperar ese dinero si finalmente, pues, como estamos viendo, no se produce la malversación».

Ha señalado que lo que quiere el Gobierno andaluz es que «el dinero, que en su momento era un dinero de los desempleados, vuelva a los andaluces, en cualquier caso, sea para los desempleados andaluces».

No obstante, ha apuntado que el Tribunal Constitucional es un tribunal de garantía que no absuelve y por lo tanto «ahora habrá que esperar a la sentencia que dicte de nuevo tanto la Audiencia Provincial de Sevilla como el Tribunal Supremo».