Un exasesor del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla recibió «varios coches» como «dádivas» de Fitonovo

La Sección Primera de la Audiencia Nacional ha celebrado este martes la tercera sesión del juicio por la pieza principal que investiga los contratos públicos adjudicados a la empresa sevillana Fitonovo, algunos de ellos licitados por el Ayuntamiento hispalense en la etapa del socialista Alfredo Sánchez Monteseirín, a cambio de «dádivas» y mordidas a políticos y funcionarios.

La sesión de este martes ha contado con la declaración como testigo de un agente de la Guardia Civil que instruyó «los primeros atestados» de la investigación hasta poco después de ser acometidos los registros policiales en las sedes Fitonovo y su filial Fiverde. El citado testigo ha rememorado que su unidad fue requerida por el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, entonces comandado por la juez Mercedes Alaya -actualmente en la Sección Séptima de la Audiencia provincial-, que en aquellos momentos indagaba al que fuera director del área de Vía Pública del Ayuntamiento de Sevilla y asesor del PSOE en dicha entidad Domingo Enrique Castaño.

El agente de la Guardia Civil, instructor de las primeras diligencias, ha testificado señalando varios vehículos entregados como «dádiva» por dicha empresa a Enrique Castaño, lo que constata el presunto reparto de comisiones por parte de los directivos de Fitonovo a funcionarios y responsables institucionales de todo el país a cambio de los citados contratos públicos.

Dicha investigación, según ha precisado, se encuadraba en las diligencias promovidas entonces por el Juzgado de Instrucción nº 6 de Sevilla en torno al procedimiento seguido por la sociedad Mercasevilla, participada por el Consistorio hispalense, para la venta de sus terrenos, un procedimiento saldado finalmente con una sentencia absolutoria del Juzgado de lo Penal nº 13 de Sevilla respecto a las diez personas juzgadas, entre ellas Domingo Enrique Castaño.

Investigación patrimonial de Castaño

Según este agente de la Guardia Civil, el «primer requerimiento» de la juez Mercedes Alaya consistía en un «estudio de posibles relaciones societarias» entre Domingo Enrique Castaño y empresas contratadas por el Ayuntamiento de Sevilla, dado el papel del citado investigado como responsable del área municipal de Vía Pública.

Las primeras indagaciones, según el agente, pusieron de relieve la «adquisición de varias viviendas» por parte de Domingo Enrique Castaño, en «un periodo relativamente corto», por lo que los investigadores de la Guardia Civil optaron por una «investigación patrimonial» de Castaño y su familia.

Un «análisis de la vida económica» del matrimonio de Castaño contenido en el «informe patrimonial» derivado de tales pesquisas, según este agente, puso de manifiesto «el tándem entre Fitonovo y Fiverde» respecto a la adquisición «sospechosa» de varios vehículos que obraban en poder del citado matrimonio.

Fruto de ello, según ha dicho, pesó la «conclusión policial» de que dichos vehículos «fueron regalados» como «una dádiva» de Fitonovo y Fiverde a Castaño, tratándose estas empresas de sociedades «contratistas» del Ayuntamiento de Sevilla y específicamente de tareas competencia del área municipal de «responsabilidad directa» de Castaño.

Es más, el agente ha expuesto que los registros de las sedes de las citadas empresas arrojaron la localización de «documentación de esos vehículos», así como prolijos documentos que «apuntaban a una contabilidad B» en tales entidades, en las cuales pesaba una «unidad de dirección total» por parte del acusado Rafael González Palomo, creador de Fitonovo y primer presidente de la entidad, quien figura como acusado en este caso.

Contabilidad B

Este mismo investigador, en ese sentido, ha señalado «el celo contable» seguido por la trama en esa «auténtica contabilidad paralela», detallando diversas de las anotaciones descubiertas respecto a dicha práctica.

También ha señalado, rememorando las pesquisas acometidas entonces, que los investigadores detectaron que tras ser cesado Domingo Enrique Castaño como responsable del área de Vía Pública del Ayuntamiento hispalense, habría «bajado» la contratación con las empresas Fitonovo y Fiverde.

Cabe recordar que el juicio se dirige contra el empresario creador de Fitonovo, Rafael González Palomo; su hijo y también empresario José Antonio González Baró; el adjunto a la dirección de Fitonovo, Ángel Manuel Macedo Gajete; el director comercial de Fitonovo, Juan Andrés Brugueras Foye; el técnico de Fitonovo Ramón Perza o el también comercial Jesús Ávila; así como diferentes responsables de otras sociedades relacionadas con la ya mencionada, hasta sumar más de 30 personas.