El ex alcalde socialista de Estepona niega el desfalco de 28 millones y culpa a la investigación policial

El ex alcalde de Estepona (Málaga), el socialista Antonio Barrientos, acusado en el caso Astapa por presunta corrupción política y urbanística, ha negado que hubiera «irregularidad alguna» en temas de disciplina urbanística durante su etapa al frente del Ayuntamiento y ha señalado las «múltiples irregularidades y anomalías» de la investigación policial, «impropias de un Estado de derecho».

La Sección Tercera de la Audiencia de Málaga ha comenzado este martes la fase de prueba y declaraciones de acusados en el juicio del caso Astapa, en concreto con el bloque relativo a la investigación de las actuaciones en materia de disciplina urbanística.

Cabe recordar que se investigan delitos de falsedad, fraude, malversación, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias. La Fiscalía Anticorrupción, que cifra en 28 millones de euros el agujero que el PSOE dejó en el Ayuntamiento de Estepona, pide para el ex alcalde una pena de diez años y nueve meses de prisión, inhabilitación para empleo público por un periodo de 38 años y multa.

En su declaración ante la Audiencia, el socialista ha asegurado que durante su etapa de regidor «no hubo irregularidad alguna, y menos desde el punto de vista penal, en temas de disciplina urbanística». No puede decir lo mismo, ha añadido, «de la investigación policial -de esta causa-, donde sí que no hubo disciplina debido a su actuación con múltiples irregularidades y anomalías, impropias de un Estado de derecho».

En este nuevo bloque del caso Astapa, el fiscal acusa únicamente a Barrientos, del que dice que hizo «caso omiso a las sucesivas advertencias» respecto a los expedientes con el supuesto fin de paralizar «de forma sistemática la tramitación hasta que transcurrían los plazos de caducidad». Además, la Fiscalía apunta que a los funcionarios «se les había ordenado o recomendado que se abstuvieran de impulsar estos procedimientos».

Así, en su comparecencia, en la que no ha contestado las preguntas de las partes sino que ha limitado a realizar una declaración, el ex alcalde ha incidido en que delegó las competencias de disciplina urbanística a los dos meses en la edil María del Carmen Miralles, que ha declarado como testigo en el juicio. Según Barrientos, se trataba de «una persona con experiencia política».

Además, ha apuntado que entre 2003 y 2007 hubo «mucho desarrollo económico y en Urbanismo estaban desbordados», lo que unido a la nueva ley urbanística, la LOUA, «hizo que hubiera retrasos», si bien ha asegurado que «jamás hubo ninguna prescripción de expedientes».

«Ningún técnico ha recibido jamás por parte de la concejal ni por nadie sugerencias, proposición y menos aún presión sobre expedientes de disciplina», ha manifestado, insistiendo en que tuvo «poca participación directa, ninguna» en esta materia.

Barrientos ha relatado que sólo actuó cuando el tesorero le dirigió algunos escritos, algo que, según él, «empezó a raíz de una denuncia que le interpongo ante la Fiscalía, que se perdió hasta tres veces». A esos escritos respondió con informes «donde decía que todos los expedientes habían sido debidamente firmados».

El ex regidor ha destacado su «celo» por la no prescripción de los expedientes y por la legalidad y ha asegurado que hicieron «un encaje legal» para resolver el problema que había por los denominados «campitos», es decir, las construcciones ilegales en suelo no urbanizable, y que «afectaban a toda Andalucía» y no sólo a Estepona.

Barrientos ha señalado que aunque en urbanismo había «un plantel de magníficos profesionales, había una serie de descoordinaciones». Además, ha asegurado que «personalmente» para estas competencias buscó y fichó a Rafael Duarte, que también ha comparecido como testigo.

En la sesión han declarado varias personas como testigos: el que fuera tesorero municipal en ese momento y el citado Rafael Duarte, que ha defendido que siempre se intentó que «no aumentaran los expedientes», pero que «jamás» instruyó a nadie para que los dejara de resolver.

Por su parte, la ex edil a la que se le delegó la materia de disciplina urbanística ha declarado que firmaba los expedientes «que venían informados por los técnicos», a los que siempre pedía informes. Asimismo, ha afirmado que «lo principal era que no caducaran y que se pudieran reactivar en cualquier momento», y ha incidido en que no recibía instrucciones del alcalde para paralizar la tramitación.