Censura socialcomunista: PSOE y Podemos impiden un debate sobre la Ley Montero en el Parlamento andaluz

Amenazaron con la mordaza y sólo unos días más tarde la censura llega al Parlamento de Andalucía. Los grupos parlamentarios de PSOE andaluz (PSOE-A), Por Andalucía (Podemos) y Adelante Andalucía (formación de Teresa Rodríguez) han impedido con sus votos que el orden del día del Pleno de la Cámara para la próxima semana incluya una proposición no de Ley del PP andaluz (PP-A) exigiendo un posicionamiento favorable de la institución sobre la reforma urgente de la Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual, más conocida como la ley del sólo sí es sí o Ley Montero, y la depuración de responsabilidades por sus efectos «indeseables».

La Junta de Portavoces del Parlamento, encargada de aprobar el orden del día del Pleno, ha rechazado, con los votos de los tres grupos de la izquierda, la inclusión en el orden del día de dicha iniciativa. El PP-A sólo encontró el apoyo del Grupo Vox para que se incorporara.

Esta votación se ha llevado a cabo después de que la portavoz del Grupo Socialista, Ángeles Férriz, reclamara la aplicación a esta iniciativa del artículo 171 del Reglamento del Parlamento con el argumento de que afecta a una materia de competencia exclusiva del Estado.

Concretamente, el citado artículo señala: «Las proposiciones no de ley que planteen propuestas de resolución a la Cámara, para que ésta manifieste una determinada voluntad o emita una declaración política en relación con materias de competencia exclusiva del Estado o de la administración local, se tramitarán ante el Pleno y sólo podrán ser incluidas en un orden del día si cuentan con el apoyo de las dos terceras partes de la Cámara o tres grupos parlamentarios que representen la mayoría de la misma».

A este respecto, el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, ha emplazado a los grupos parlamentarios a que mantengan una reunión y lleguen a un «punto de consenso» sobre la aplicación del artículo 171 del Reglamento, para que no se tengan que producir estos debates de forma continuada en la Junta de Portavoces.

El portavoz del PP-A, Toni Martín, ha defendido la inclusión de la iniciativa en el orden del día porque ya han sido más de un centenar de agresores sexuales, muchos de ellos en Andalucía, los que se han beneficiado por la aplicación de una ley «absolutamente perniciosa».

Tras el rechazo a la inclusión en el orden del día, ha acusado a los grupos de la izquierda de constituirse en una «oficina de censura» de la actividad parlamentaria.

En concreto, en PP-A pedía en su iniciativa que el Parlamento rechazara «los efectos indeseables y las graves consecuencias que ha ocasionado la entrada en vigor» de la citada Ley, y defendiera la necesidad de garantizar la seguridad jurídica y el castigo que «las víctimas y la sociedad exigen para los agresores sexuales y la exigencia inexcusable de que se asuman y depuren responsabilidades políticas por las nefastas consecuencias derivadas de su aprobación».

Concretamente, se pedía una posición favorable del Parlamento a que se lleve a efecto «una revisión, por la vía de urgencia», de la citada ley orgánica, con la finalidad de que quienes cometan delitos sexuales «puedan tener, cuanto antes, las mismas penas que estaban en vigor hasta septiembre de 2022, y que se han visto rebajadas con la actual regulación, evitando el beneficio para el agresor y el abandono y la desprotección de la víctima».

Artículo 171

El PSOE de Andalucía (PSOE-A) ha invocado el artículo 171 del Reglamento del Parlamento autonómico, que supondrá que únicamente se puedan tratar asuntos de calado nacional en caso de que dos tercios de la Cámara lo acepten. Un hecho, que significa poner la mordaza al Parlamento de Andalucía siempre que quieran criticar la gestión de PSOE y Podemos al frente del Gobierno de la Nación.

En la práctica, supondrá que cada vez que el PP -o quien sea- quiera tratar un asunto de calado nacional o abordar cuestiones sobre la gestión de Pedro Sánchez al frente del Gobierno tendrá que contar con el visto bueno todos los grupos del Parlamento a excepción de PSOE y Podemos, que cuentan con 35 diputados (el tercio de la Cámara es 36,3 diputados).

Esta limitación a las proposiciones no de ley (PNL) que versen sobre competencias estatales o incluyan recriminaciones al Gobierno de la nación se hará efectiva una vez sea invocada por los socialistas. Según esta normativa, de aplicarse este artículo se establece que las PNL sobre «materias de competencia exclusiva del Estado o de la administración local» se incluirán en el orden del día del Pleno del Parlamento únicamente «si cuentan con el apoyo de las dos terceras partes de la Cámara o tres Grupos parlamentarios que representen la mayoría de la misma», lo que llevaría al PP a tener que negociar con otros grupos para su inclusión, algo verdaderamente complicado. Así, el PSOE decide limitar aquellos debates en el Parlamento que supongan analizar la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez.