Andalucía sigue a contracorriente: las sociedades se disparan un 5% mientras caen a nivel nacional

Desde septiembre de 2021 hasta septiembre de este año, en Andalucía se han constituido un 5% más de sociedades, mientras que, en el mismo tiempo, la media española ha caído un 3,2%. Son los datos aportados este miércoles por el Centro de Información Estadística del Notariado, que aportan un indicador económico más que avala la buena gestión de Juanma Moreno.

Además, la comunidad andaluza ha registrado en el último año un aumento de las compraventas de viviendas ligeramente mayor al de la media nacional. Si Andalucía subió un 1,3%, España alcanzó el 0,8%. Igualmente, el precio del metro cuadrado ha subido un 10,8%, mientras que en España el crecimiento es de 6,1%.

En cuanto a los préstamos para adquisición de vivienda, Andalucía también presentó registros positivos frente al descenso medio en España. A este respecto, en la comunidad andaluza los préstamos para adquirir viviendas han subido un 3,1% frente al descenso del 1,9% del conjunto del país.

PP-A

El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento andaluz, Toni Martín, ha lamentado este miércoles que el Gobierno central haya convertido en algo habitual «el ataque» a todas las iniciativas que salen de la Junta de Andalucía. Y es que, pese a los constantes indicadores económicos que dejan claro el buen hacer de la Junta de Andalucía, los ataques son constantes.

«Todo lo que sale desde el Gobierno de Juanma Moreno es atacado por el Gobierno de Pedro Sánchez», según ha dicho Toni Martín en rueda de prensa, refiriéndose a iniciativas de la Junta como el decreto de precios públicos para auxiliar al sector de la construcción.

En este sentido, ha explicado que el PP-A llevará al Pleno del Parlamento que se celebra este miércoles y jueves una proposición no de ley para instar al Ejecutivo central a reconsiderar el recurso que amenaza con plantear ante el Tribunal Constitucional contra ese decreto.

Ha defendido que se trata de un decreto «indispensable» para que no se ponga «en riesgo la contratación de la obra pública en Andalucía y para preservar los puestos de trabajo vinculados al sector de la construcción».