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El Gobierno retrasa el modelo de financiación ante el rechazo del PSOE y las dudas de los barones del PP

El Gobierno ha aplazado el calendario que manejaba para tener lista su propuesta de reforma de la financiación autonómica, y que tenía en esta primera semana de abril su fecha clave. La intención, expresada en distintas fuentes, era poder presentar un modelo en la Convención Nacional que el PP celebra este fin de semana en Sevilla. El cónclave no será escenario de ningún anuncio sobre la materia, según confirman desde la dirección del PP.

El Ejecutivo considera que aún hay «tiempo político» para alcanzar un acuerdo de consenso sobre un nuevo modelo y desde el Ministerio de Hacienda se defiende que las negociaciones están «en marcha».

Sin embargo, el Gobierno es consciente de las dificultades, sobre todo por las diferencias con el PSOE, partido indispensable para pactar el nuevo modelo.

El secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, apeló este miércoles a la responsabilidad de los socialistas para poder cerrar un acuerdo y le reclamó que abandonase la «estrategia de confrontación».

Las condiciones iniciales de las que parten los socialistas para avanzar hacia un acuerdo en materia de financiación pasan por aumentar el gasto en sanidad hasta un 5% del PIB, en educación hasta un 7%, y en dependencia y servicios sociales hasta un 2% del PIB. Todo ello, además de eliminar la regla de gasto de los ayuntamientos. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ya avanzó que, a la vista de los Presupuestos, se alejaba «más si cabe» la posibilidad de alcanzar un acuerdo, que urgen sin embargo todos sus dirigentes autonómicos.

Las presiones no vienen sólo del lado socialista. Las diferentes versiones de los barones del PP condicionan también la viabilidad de llegar a un documento de consenso. Uno de los principales asuntos de debate es la quita, una idea deslizada desde el propio ministerio de Hacienda. Algunos dirigentes autonómicos, entre ellos, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, o la madrileña Cristina Cifuentes, se han mostrado totalmente en contra.

La idea que ahora maneja el ministerio, como reveló OKDIARIO, sería una adecuación del pago de la deuda, extensible entre 20 y 30 años. Una fórmula que beneficiaría, sobre todo, a Cataluña y Valencia, actualmente las comunidades más endeudadas (la primera, con 76.831 millones y la segunda con 44.435 millones).

Otro tema es la armonización fiscal en las comunidades. Feijóo ya deslizó hace tiempo que las prioridades fiscales de Galicia son distintas a las que puede tener Madrid, en respuesta a la decisión del Gobierno de la Comunidad de Madrid de bajar el IRPF y el tributo de Sucesiones. La propuesta del presidente gallego es una serie de «mínimos comunes» para todas las comunidades.

Sin embargo, el propio secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, consideró en los últimos días que la armonización sería un «retroceso» para el Estado de las Autonomías.

Hacienda trabaja además con la presión del propio presidente del Gobierno, que ha trasladado su deseo de que la reforma de financiación se cierre este año. Rajoy considera que esa reforma sería un impulso necesario para su legislatura, junto a la Ley de Presupuestos o la propuesta de las pensiones en el Pacto de Toledo.