"NO AL ABUSO DE LA TEMPORALIDAD"

Miles de trabajadores públicos temporales protestan en coche en decenas de ciudades contra el Gobierno

Más de 800.000 personas trabajan como interinos en la Administración en "abuso de temporalidad" según el Tribunal Supremo

La Unión Europea ha instado al Gobierno español a que acabe con esta situación

Hay miles de trabajadores en las administaciones que suman hasta 30 años de contratos temporales

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Miles de trabajadores públicos temporales se han manifestado en coche este domingo por decenas de ciudades españolas para pedir al Gobierno que acabe con su situación en las distintas administraciones. Convocados por la Plataforma «Grupo Estatal Temporales Públicos en Fraude de Ley» (MI15F) han salido en caravana en casi 30 capitales. Denuncian la precariedad de 800.000 trabajadores de las distintas administraciones públicas, que suman contratos temporales durante años y años sin que se reconozcan sus derechos adquiridos ni su fijeza. Las administraciones españolas constituyen la mayor bolsa de temporalidad y precariedad de nuestro país.

En toda España, los miles de vehículos iban adornados con globos amarillos y negros, el símbolo de la protesta de un problema que dura décadas y que ningún gobierno resuelve. En mucho de esos globos podían leerse los casos personales: «Llevo 11 años en fraude de ley», «30 años sumando contratos»… La protesta ha sido ruidosa. Los coches han hecho sonar sus bocinas constantemente. En Madrid, la manifestación ha recorrido el trayecto que iba de Cibeles a Nuevos Ministerios.

Los portavoces de la plataforma convocante denuncian que «no hay ninguna voluntad política para llegar a una solución, que sería muy sencilla, a través de una regularización administrativa». «No se han preocupado de hacer nada por nosotros -dicen- cuando saben que el abuso existe». «El Gobierno no tendría más que llevarlo al Congreso y aprobarlo», señalan.

Los trabajadores públicos temporales lamentan que «nos penalicen sacando oposiciones de los puestos de trabajo que estamos cubriendo con carácter estructural desde hace lustros. Las Ofertas Públicas de Empleo (OPEs) no pueden ser una sanción para nosotros». Exigen que se pospongan aquellas que afecte a sus plazas hasta que se adopten medidas para la detección del fraude en la contratación, se sancione el abuso de temporalidad y se garantice el cumplimiento de la normativa europea y nacional. «Pedimos que nos dejen en nuestro puesto laboral ya que hemos demostrado mérito y capacidad. Pedimos quedarnos en nuestros puestos hasta la jubilación», reivindican, «y no tener que jugárnosla a un examen después de años y años de contratos temporales».  Los cientos de miles de trabajadores públicos temporales de España piden que la Administración deje de aplicar toda norma nacional que impida garantizar la igualdad en las condiciones de trabajo de los trabajadores temporales respecto a los fijos o de carrera.

El Tribunal Supremo declaró su situación como «abuso de temporalidad». La Unión Europea ha instado recientemente al Gobierno español a que acabe con esta bolsa de precariedad en la Administración. Las marchas en coche se han convocado para reivindicar que «la Administración pública cumpla la legislación europea que obliga a todos los miembros de la Unión, comprobando cada relación temporal para determinar si incurre en abuso de temporalidad y aplique sanciones». También reclaman que el Gobierno atienda la Resolución del 31 de mayo de 2018 del Parlamento Europeo, adoptando políticas de lucha contra el fraude en la contratación y contra el abuso de la temporalidad en el sector público, similares a las adoptadas en el sector privado, como son la inspección y la sanción. Este amplio colectivo laboral se queja de la falta de inspecciones («no se van a inspeccionar a si mismos», lamentan) y lamentan el abandono al que les tienen sometidos los sindicatos UGT y Comisiones Obreras. También, CSIF.

Los trabajadores públicos temporales piden que todas las fuerzas políticas promuevan un «Pacto de Estado contra la precariedad y el abuso de temporalidad en el sector público» que permita eliminar completamente la temporalidad fraudulenta o abusiva en el sector público. Reclaman también el reconocimiento de los derechos adquiridos «compensando y resarciendo a las víctimas de abuso que se han ido dejando por el camino». Los trabajadores públicos temporales piden diálogo al Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias central para que este colectivo pueda participar en la adopción de políticas públicas, en la elaboración de la normativa que les afecta directamente y en la puesta en marcha de las medidas propuestas.

Las manifestaciones de vehículos han tenido lugar en Sevilla, Cádiz, Jaén, Granada, Málaga, Zaragoza, Huesca, Oviedo, Palma, Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, Santander, Toledo, León, Valladolid, Tarragona, Barcelona, Alicante, Santiago de Compostela, Madrid, Pamplona, San Sebastián, Bilbao, Ceuta y Melilla. Forman parte de las movilizaciones que los trabajadores públicos temporales han reactivado tras el parón obligado por la pandemia y el primer estado de alarma. Ha pocos días, se concentraron en 40 ciudades ante las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno. El movimiento 15F recuerda la gran manifestación que se produjo en Madrid hace un año, el 15 de febrero de 2020, justo antes de iniciarse la pandemia y que reunió a decenas de miles de personas.

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