El juez también retira la patria potestad a la madre de Nadia

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Margarita Garau junto a Nadia.

La Fiscalía de Lleida ha solicitado al juez que, en la causa sobre la supuesta estafa con los donativos para tratar a Nadia, la niña enferma, le retire la custodia a la madre, Marga Garau, para quien también pide la libertad con cargos y con la obligación de comparecencias periódicas.

Finalmente, el magistrado ha accedido a la petición realizada en la tarde del viernes por el fiscal y ha retirado la patria potestad a ambos progenitores.

Desde este momento, Margarita Garau tendrá que acatar un régimen de visitas consistente en que sólo podrá tener contacto con la niña los fines de semana, sin posibilidad de pasar la noche con ella y siempre en presencia de la persona a cargo de la menor, en este caso una tía.

Según ha informado el Fiscal Jefe de Lleida, Juan Boné, la declaración de la madre ante el titular del Juzgado de instrucción 1 de la Seu d’Urgell (Lleida), que ha tenido lugar esta tarde, ya ha finalizado.

Fiscalía, a diferencia de lo que ha pasado con el padre, ha renunciado a solicitar cárcel provisional para la madre, Marga Garau, al considerar que en este caso no hay riesgo de fuga.

En cuanto a las medidas civiles en relación a la menor solicitadas al juez por Fiscalía, destaca la suspensión de la patria potestad de los progenitores con medida de acogimiento en familia extensa.

En concreto, según señala Boné, se solicita que la custodia la tenga una tía materna con residencia en Mallorca.

Para la madre solicitan un régimen de visitas de fines de semana de viernes a domingo en presencia de familia materna. «Se trataría de evitar en lo posible la continuación de la exposición publica de la menor y que pueda hacer una vida normalizada, lo que con la progenitora resulta imposible en estos momentos», señala Fiscalía.

El juez deberá resolver ahora sobre las peticiones del fiscal tanto respecto a la madre como para el padre, para el que ha instado como medida cautelar prisión provisional sin fianza, al apreciar que existen indicios de un delito grave de estafa y ante el riesgo de fuga y de destrucción de pruebas.

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