Derecho a la Verdad: «El Gobierno debe pagar por su nefasta gestión en la crisis del Covid»

Mariano Durán, presidente de la plataforma Derecho a la Verdad, vio como su madre, médico de familia, se infectaba de coronavirus durante la pandemia porque, como tantos otros sanitarios, no tenía acceso a EPI’s y otros materiales de protección como mascarillas o pantallas protectoras. También observó como a su alrededor, en pleno estado de alarma, muchos de sus conocidos sufrían ERTEs y no cobraban ninguna cuantía del Estado o a amigos empresarios que tenían que echar el cierre a sus negocios porque estaban totalmente paralizados. Por todo esto, explica Durán, ha nacido Derecho a la Verdad, una plataforma de afectados por el Covid-19 que «no busca venganza», pero sí «justicia para que la Administración, los responsables de esta mala gestión que ha costado miles de vidas no se vayan de rositas».

Señala Durán que lo primero que le impulsó a conformar esta plataforma fue el contagio de su madre. «Aún a día de hoy tiene graves secuelas y se le está haciendo seguimiento, así que no puede ser que los responsables no cumplan y aquí no pase nada». Cree, y así lo manifiesta, que «no se han tomado medidas desde el Gobierno, a pesar de que ya estábamos viendo que toda esta enfermedad era una bomba de relojería. Lo que pasaba en Italia, pasaba diez días más tarde en España».

Relata que ha visto en primera persona «la nefasta gestión» de las Comunidades Autónomas y el Gobierno, pero lo que «persigo con esta plataforma es que se conozca la verdad y mostrar que todo lo que nos contaban era mentiras, bulos y manipulaciones». En este sentido, argumenta Durán, «no cierto que en el mes de enero no fueran conscientes de la gravedad del virus», por ello, apunta, «queremos pedir, además, una indemnización justa para los afectados porque un gran puesto conlleva siempre una gran responsabilidad».

Con respecto a la gestión del Covid-19 de las diferentes Administraciones, Durán detalla que en Valencia «lo vivimos como algo increíble» porque el «Valencia CF jugó en Lombardía alrededor del 20 de febrero con el traslado de muchísimos aficionados, yo mismo iba a ir a ese viaje y, la verdad, menos mal que no fui». Pero, además, comenta Durán, «la mayor indignación vino cuando se le preguntó a la consejera de Sanidad valenciana sobre el viaje de los aficionados al fútbol a Italia, ella contestó que no le constaba ningún viaje. Y no sólo eso, además, alrededor del 10 de marzo, sólo cuatro días antes del decreto del estado de alarma, miles de aficionados italianos vinieron a Valencia vía aeropuerto sin hacerles test de coronavirus, deambularon por las calles o estuvieron en las mascletás».

«La situación se podría haber gestionado de una manera mucho más eficaz y con menos improvisación»

Cree el líder de la plataforma Derecho a la Verdad que «las administraciones públicas, tanto Gobierno como Comunidades Autónomas, no han estado en absoluto a la altura de los ciudadanos. No han actuado con la diligencia debida que se presupone que ese tipo de cargos deberían tener. Han dejado abandonadas a su suerte a muchas personas, como por ejemplo en las residencias de ancianos. Muchas otras se han tenido que buscar la vida para poder tener equipos de seguridad con los que realizar su trabajo con las garantías mínimas, como  por ejemplo los sanitarios».

Y añade, además, que «la situación se podría haber gestionado de una manera mucho más eficaz tomando medidas de una manera más temprana en lugar de improvisar cuando ya era tarde. Teníamos el ejemplo de lo que estaba pasando en Italia y mientras en España seguíamos sin tomar medidas». No obstante, apunta Durán, «espero que por lo menos algo hayan aprendido y, al menos, y de cara a lo que está por venir, sean capaces de tomar esas medidas adecuadas en el momento adecuado. Volvernos a encerrar a todos en nuestras casas y parar el país no es ni muchísimo menos la solución, a no ser que se busque la ruina absoluta de España».

«La solución no es meternos de nuevo en nuestras casas, a no ser que se busque la ruina absoluta»

Por otro lado, y en materia de responsabilidades jurídicas que pueda tener la Administración por la gestión del coronavirus, Durán explica que «el equipo jurídico externo que trabaja con nosotros está estudiando todas las posibilidades porque creemos que la Administración puede tener que responder por la responsabilidad patrimonial del Estado respecto al daño jurídico causado sobre los ciudadanos, que no tenían obligación de sufrirlo». Además, concluye, «estamos estudiando la vía de la pérdida de la oportunidad, pues como te decía, muchas personas han sido abandonadas a su suerte durante la grave crisis socio sanitaria pasada».

Con respecto a los colectivos que esta plataforma quiere defender, explica Durán, «se hace extensiva a todos los afectados por la crisis del coronavirus, pero, especialmente, a  los más vulnerables. Ancianos de residencias de tercera edad, las propias residencias, sanitarios,  fuerzas de seguridad del estado, pymes, grandes empresas, autónomos, empleados que no han cobrado ERTEs o los han cobrado tarde». En definitiva, señala, «a cualquier individuo o entidad que sienta que es un afectado o víctima del coronavirus en España tiene cabida en nuestra asociación».

Argumenta Durán que los mensajes del Gobierno no han sido los adecuados. «Juntos saldremos más fuertes, si es que salimos. Que el Gobierno se lo diga esto a los empresarios que han cerrado, los trabajadores que han quedado sin ingresos o, por ejemplo, qué haremos con los empleados que salen de los ERTEs, pero no tendrán empleo. Consideramos que todas estas personas son afectados por la mala gestión del coronavirus».

Por otro lado, con respecto al coste de la defensa jurídica de los afectados, Durán señala que «queremos que los afectados soporten el mínimo gasto posible en la reclamación de una indemnización justa. Los equipos jurídicos participarán de la cuantía que se obtenga al final del procedimiento. Los abogados participaría de la cuantía al final del procedimiento. Gastos mínimos, el dinero no puede ser un problema ante una aberración como esta». Por su parte, la indemnización potencial que van a recibir, asegura, «depende de las características de cada víctima o afectado. No es sencillo cuantificar una indemnización, pero sí que creemos que la de una víctima mortal podría ir de los 200.000 a los 400.000 euros».

«Estamos en conversaciones con despachos de los principales países europeos, así como con EEUU»

Derecho a la Verdad, además, quiere que el movimiento en favor de los afectados por el Covid-19 sea internacional, por ello, señala Durán «ya estamos en contacto y en conversaciones con una plataforma italiana, un gran despacho austríaco que ya ha interpuesto demandas en su país contra la Administración, también tres despachos norteamericanos que han admitido a trámite algunas demandas, franceses, etc. Estamos en conversaciones con despachos de los principales países europeos, así como con EEUU».

El objetivo es «hacer un frente común nacional e internacional porque no se pueden ir de rositas, los responsables políticos del país no pueden tomar las decisiones que les da la gana y, además, con unas consecuencias tan nefastas y que aquí no pase nada. Deben pagar por sus actos y sus decisiones».

Cualquiera que quiera asociarse puede ponerse en contacto, tanto por email [email protected], como por teléfono 963 004 437, y se les explicará cuál es el proceso, que básicamente pasa por cumplimentar un formulario con sus datos y firmar un contrato de adhesión. Además, también pueden encontrarnos en redes sociales como @derechoaverdad