Mónica García aprueba el proyecto de ley que garantiza atención sanitaria a los migrantes irregulares

El Consejo de Ministros de este martes ha aprobado el anteproyecto de la Ley de universalidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) con el objetivo de ampliar la cobertura sanitaria. Tras la aprobación en 2012 de una ley donde se limitaba la prestación del servicio a ciertos grupos de personas, entre ellos las que no disponían de documentos oficiales del país y refrendado por un decreto aprobado en 2018 por el Gobierno de Pedro Sánchez, ahora la ministra Mónica García, dará acceso al Sistema de Salud a todas las personas que lleguen a España.

En el acuerdo de coalición de Gobierno de PSOE y Sumar ya aparecía la intención de crear esta Ley de Universalidad con el objetivo claro de «blindar la universalidad del SNS culminando la aprobación en las Cortes de la Ley por la que se modifican diversas normas para consolidar la Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud, que ya aprobó el Consejo de Ministros».

Asimismo, la ministra de Sanidad, Mónica García, ya adelantó en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados del pasado 26 de enero que, «a lo largo de los próximos meses», se «daría salida» a la Ley de Universalidad del Sistema Nacional de Salud.

Esta Ley será «una herramienta útil para retener talento, cuidar a los profesionales y mejorar la calidad de la asistencia sanitaria y las prestaciones en salud de todas las administraciones», ha detallado la ministra durante la Comisión.

Ampliación a la atención sanitaria

De esta forma, la propuesta legislativa amplía el derecho a la atención sanitaria de las personas con nacionalidad española que residen en el extranjero, desplazadas temporalmente al territorio español, y a los familiares que los acompañen, cuando no tuvieran prevista dicha cobertura de acuerdo con los reglamentos comunitarios o los convenios bilaterales que comprendan la prestación de asistencia sanitaria.

También se amplían los derechos a la protección de la salud y a la atención sanitaria a las personas ascendientes reagrupadas por hija o hijo titular del derecho a la asistencia sanitaria en el Sistema Nacional de Salud, cuando estén a su cargo y siempre que no exista un tercero obligado al pago de dicha asistencia.

Además, tendrán derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria en las mismas condiciones que las personas titulares del derecho durante su permanencia en España:

• Personas solicitantes de protección internacional.
• Personas solicitantes y beneficiarias de protección temporal.
• Víctimas de trata de seres humanos cuya estancia temporal en España haya sido autorizada durante el periodo de restablecimiento y reflexión.
• Personas no registradas ni autorizadas como residentes en España.

En este último caso, la asistencia -que no genera un derecho de cobertura fuera del territorio español- será con cargo a los fondos públicos de las administraciones competentes siempre que se cumplan los siguientes requisitos: no tener la obligación de acreditar cobertura obligatoria de la prestación sanitaria por otra vía, no poder exportar el derecho de cobertura sanitaria desde su país de origen y no existir un tercero obligado al pago.

Estos requisitos podrán acreditarse mediante la presentación de una declaración responsable, sin menoscabo de que, posteriormente, al resolverse el procedimiento administrativo, se deba gestionar el pago de la asistencia recibida por el usuario o por un tercero obligado al pago.

Respecto a la prestación farmacéutica, todos los grupos antes mencionados se incorporan al sistema para que no tengan que pagar el 100% de los medicamentos.

El Proyecto de Ley recupera, además, la ‘cartera común de servicios única’, que agrupa la cartera común básica de servicios asistenciales, la cartera común suplementaria y la cartera común de servicios accesorios y se garantiza que no se puedan incluir nuevos copagos.

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