Bruselas paga y las ONG presionan para que millones de ex fumadores vuelvan al cigarrillo

Un análisis pone el foco en cómo Bruselas financia con dinero público a organizaciones que defienden políticas restrictivas sobre el tabaco y la nicotina, en un momento decisivo para la revisión de la Directiva de Productos del Tabaco (TPD). Sus autores cuestionan que estas entidades puedan participar en el debate regulatorio mientras reciben fondos europeos y denuncian una posible falta de pluralidad en el proceso de elaboración de las nuevas normas. Sin embargo, hay que dejar claro que la evidencia científica señala al humo del tabaco, en este sentido contextualizando al cigarrillo convencional, ya que en ningún caso la nicotina provoca enfermedades como el cáncer.

La Unión Europea se encuentra en una encrucijada ante la revisión de la Directiva de Productos del Tabaco. Mientras la Comisión Europea trabaja en la evaluación del actual marco regulatorio y prepara los siguientes pasos, el debate se centra en el tratamiento que deben recibir las alternativas sin humo, como los cigarrillos electrónicos, las bolsas de nicotina y otros productos emergentes.

En este sentido, la revisión de la TPD que impulsa el comisario Várhelyi arrastra un problema de origen: la propia Regulatory Scrutiny Board de la Comisión (el órgano interno encargado de examinar la calidad de las evaluaciones e informes regulatorios) emitió una opinión negativa sobre la evaluación que sirve de base al proceso. El dictamen fue emitido en diciembre de 2025 y planteó diferentes recomendaciones para mejorar el análisis. La Comisión asegura que esas recomendaciones fueron posteriormente incorporadas al documento final.

Por otra parte, la contradicción de la propia Bruselas se centra en que la Comisión Europea estaría avanzando hacia una regulación que restringe las alternativas dirigidas a los fumadores, en lugar de diferenciarlas del cigarrillo convencional. Frente a esta posición, desde el Parlamento Europeo y distintos sectores científicos se reclama una regulación basada en la evidencia que tenga en cuenta las diferencias entre los productos con combustión y las alternativas sin humo.

Así, el debate parte de una cuestión central: si el objetivo es reducir el consumo de cigarrillos y sus daños asociados, limitar las opciones disponibles para los fumadores puede terminar dificultando el acceso a productos que, según sus defensores, presentan un perfil de riesgo diferente al del tabaco convencional.

El analista Michael Landl ha ido más allá y ha denunciado públicamente lo que define como un «círculo cerrado» en torno a esta agenda. Según su denuncia, algunas de las organizaciones que respaldan públicamente la línea de la Comisión, entre ellas la European Cancer Organisation y la Smoke Free Partnershi, reciben también financiación europea. Landl ha señalado además reuniones documentadas con los comisarios Várhelyi y Hoekstra el 30 de septiembre de 2025.

Según un informe de la Free Market Foundation citado por Landl, nueve ONG que realizan actividad de lobby en Bruselas reciben en conjunto 12,8 millones de euros al año, de los que, según ese análisis, el 96,8% procederían de la propia Comisión. La acusación plantea así un debate sobre la independencia y pluralidad de las organizaciones que participan en la elaboración de las políticas comunitarias.

No es un asunto completamente nuevo. La participación de organizaciones dedicadas a la prevención del tabaquismo en contratos relacionados con la revisión de la legislación europea sobre tabaco ya había provocado controversia.

El caso más relevante afecta a la European Network for Smoking Prevention (ENSP), que formó parte de un consorcio liderado por Open Evidence al que la Agencia Ejecutiva Europea de Salud y Digital (HaDEA) adjudicó en enero de 2023 un contrato marco para apoyar las políticas europeas de control del tabaco.

La participación de ENSP fue cuestionada ante el Defensor del Pueblo Europeo por una organización que representa a fabricantes de productos de tabaco y nicotina, que alegó un posible conflicto de intereses debido a la posición de ENSP en materia de prevención del tabaquismo. Tras investigar el caso y revisar la documentación aportada por la Comisión, el Defensor del Pueblo concluyó en febrero de 2025 que la Comisión había evaluado adecuadamente la situación y que no había quedado acreditado un conflicto de intereses que justificara nuevas actuaciones.

La resolución sí recoge que, inicialmente, la Comisión no había respondido de forma adecuada a las dudas concretas planteadas por la organización denunciante. Posteriormente, sin embargo, la institución comunitaria explicó al Defensor del Pueblo que había examinado las declaraciones de ausencia de conflicto y los currículos de los miembros del consorcio, y que el papel de ENSP se limitaba a facilitar el acceso a expertos y aportar información técnica y científica.

La rebelión frente a la Comisión Europea

Esta discusión sobre la orientación de la política comunitaria ha provocado también un intenso debate científico y médico. Episodios como las publicaciones del comisario Olivér Várhelyi en redes sociales, en las que, según sus críticos, equiparaba los riesgos de distintas alternativas de nicotina con los del cigarrillo de combustión, desencadenaron una respuesta de investigadores y expertos.

La réplica no se hizo esperar: 113 científicos y expertos en salud pública enviaron una carta a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, denunciando, según el contenido de la misiva, que la Comisión estaba ignorando 131 estudios científicos relevantes y cuestionando la premisa de que todos los productos con nicotina presenten un nivel de riesgo equivalente al cigarrillo convencional.

El debate de fondo gira precisamente en torno a la reducción de daños y al tratamiento regulatorio de los productos sin combustión. Mientras algunos expertos defienden que estas alternativas deben analizarse de forma diferenciada respecto al cigarrillo tradicional, las instituciones sanitarias y organizaciones de prevención mantienen una posición mucho más restrictiva ante los riesgos derivados del consumo de nicotina y la expansión de estos productos, especialmente entre menores.

El telón de acero que divide Europa

Frente a las posiciones más restrictivas, la experiencia comparada dentro y fuera del bloque comunitario ofrece diferentes resultados que alimentan el debate sobre qué políticas funcionan mejor para reducir el tabaquismo.

Suecia se ha convertido en uno de los principales argumentos de quienes defienden una estrategia basada también en alternativas al cigarrillo convencional. Los datos de 2025 del Consejo Sueco de Información sobre Alcohol y Otras Drogas (CAN) sitúan el consumo diario de cigarrillos en el 3,7%, por debajo del umbral del 5% utilizado para definir una sociedad «libre de humo». El Parlamento Europeo también ha reconocido que Suecia alcanzó ese objetivo en 2025.

El caso sueco se vincula habitualmente con una elevada utilización de productos alternativos, especialmente snus y bolsas de nicotina, aunque atribuir la caída del tabaquismo exclusivamente a estos productos simplificaría un proceso en el que también intervienen otras políticas de control del tabaco.

Otro ejemplo citado habitualmente en el debate es Reino Unido. El país ha incorporado el vapeo a sus estrategias de reducción del tabaquismo, dentro de una política que busca facilitar que los fumadores abandonen el cigarrillo convencional.

En el lado contrario encontramos naciones como Países Bajos. Los defensores de las alternativas sostienen que el veto a determinados sabores y a las bolsas de nicotina puede favorecer el desplazamiento de parte de la demanda hacia el mercado informal, con la consiguiente pérdida de control sobre la composición y la trazabilidad de los productos.

No muy lejos del país de los tulipanes están los ejemplos de Bélgica y Francia. Bélgica ha prohibido la comercialización de bolsas de nicotina, mientras que Francia ha adoptado restricciones sobre determinadas alternativas orales y dispositivos desechables. Los críticos de estas políticas advierten de que las prohibiciones pueden favorecer el mercado informal y dificultar el control sanitario de los productos que continúan circulando.

Fuera de la Unión Europea, Turquía aparece también en este debate como ejemplo utilizado por los partidarios de las políticas de reducción de daños para cuestionar una estrategia basada exclusivamente en la prohibición. Los datos internacionales muestran una prevalencia de tabaquismo elevada en el país, aunque la evolución del consumo responde a múltiples factores y no puede atribuirse exclusivamente a su modelo regulatorio.

El impacto en la TPD

El mensaje que trasladan los defensores de las políticas de reducción de daños es claro: asfixiar el comercio regulado mediante vetos a los sabores o restricciones sobre productos de nicotina sin humo no necesariamente acabaría con el consumo, sino que podría desplazar parte de la demanda hacia la economía sumergida.

La Comisión Europea, mientras tanto, mantiene su objetivo de avanzar hacia una generación libre de tabaco en 2040 y ha identificado como uno de los principales retos el crecimiento de los nuevos productos de tabaco y nicotina, especialmente entre los jóvenes.

El debate que se abre con la revisión de la TPD enfrenta, por tanto, dos aproximaciones. Por un lado, quienes consideran que las alternativas con nicotina deben someterse a restricciones cada vez mayores para evitar que generen nuevos consumidores. Por otro, quienes defienden una regulación diferenciada basada en el principio de reducción de daños y en las diferencias de riesgo entre los productos combustibles y los que no implican combustión.

En este contexto, las acusaciones sobre la financiación de determinadas organizaciones por parte de Bruselas añaden una segunda controversia: hasta qué punto existe suficiente pluralidad en las voces que participan en el proceso regulatorio. Los datos sobre financiación y participación en contratos europeos son verificables, pero las conclusiones sobre una supuesta utilización de esos fondos para «justificar» determinadas restricciones deben presentarse como la interpretación de quienes formulan esa acusación, no como un hecho ya demostrado.

La revisión de la normativa europea sobre tabaco se encuentra así ante un debate que trasciende la regulación de un producto. En juego están el equilibrio entre prevención y reducción de daños, el tratamiento de los nuevos productos de nicotina y el peso que deben tener la evidencia científica, las instituciones comunitarias y los distintos grupos de interés en la futura regulación europea.