Hoy en el programa de Javier Cárdenas recordemos que la Junta de Andalucía gobernada por el PSOE colocó a dedo al marido y a un cuñado de la ex directora de la Guardia Civil, la socialista María Gámez, en puestos de responsabilidad de 10 sociedades públicas distintas, cuando se sucedieron como presidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Así, el marido y ese cuñado de la ex directora general de la Guardia Civil no sólo se repartieron jugosos sueldos, sino que disfrutaron, también, de una privilegiada posición en el viscoso entramado societario que el PSOE tejió durante décadas de poder en Andalucía. De esa forma, ostentaron una capacidad de influencia que el hermano y dos cuñados de María Gámez aprovecharon para enriquecerse ilícitamente, según la investigación policial que ha derivado en las diligencias que instruye un juzgado de Sevilla.
La imputación del marido de Gámez forzó la destitución de ésta como directora general de la Guardia Civil, entre los elogios del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el apoyo de las filias socialistas pese a la sombra de la corrupción. Según la información oficial a la que ha tenido acceso OKDIARIO, el marido de María Gámez, Juan Carlos Martínez Martínez, ocupó tres cargos de responsabilidad en las sociedades públicas Incubadoras de Emprendedores de Andalucía S.L.U. (Incuba), Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía S.A. (Soprea) y Fomento, Asistencia y Gestión Integral de Andalucía S.L.U. (Fagia).Según la instrucción judicial, esta trama se lucró de fondos de la Junta de Andalucía, tanto directamente como a través de terceros, de otras empresas que recibían subvenciones públicas. Pues ahora, un error judicial ha anulado la causa de corrupción abierta, por supuestos delitos de prevaricación, blanqueo de capitales y malversación de fondos públicos, contra Juan Carlos Martínez, marido de la exdirectora de la Guardia Civil, María Gámez, y su hermano Bienvenido Martínez. La Audiencia considera que el plazo de instrucción estaba ya caducado el 22 de febrero de 2023, día en el que se dicta el auto de imputación, y declara como «preconcluida la instrucción de la presente causa con fecha del 29 de julio de 2022».
