País Vasco

El Tribunal Superior de País Vasco tumba el decreto que imponía el uso del euskera a los funcionarios

El Tribunal Superior de Justicia de País Vasco ha estimado el recurso de Vox de 2024

El Gobierno Vasco ya estaba trabajando para adaptar el Decreto a la Ley de Empleo Público

País Vasco Tribunal anula euskera, Imanol Pradales.
Imanol Pradales, presidente del País Vasco. EP
Paula Ciordia
  • Paula Ciordia
  • Especializada en política, Vox, ideología woke e inmigración. Reflexiono sobre tauromaquia en mi columna semanal 'Entre Pitones'. En 2025, fui corresponsal en la Ciudad del Vaticano durante el Cónclave que eligió a León XIV. Antes estuve como delegada en Aragón (2023-2025). Graduada en Periodismo y Filología Hispánica (Universidad de Zaragoza) y máster en Filosofía y Culturas Modernas (Universidad de Sevilla) | [email protected]

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha tumbado este miércoles el decreto del Gobierno autonómico que imponía el uso del euskera a los funcionarios en la Administración. El decreto fue aprobado en 2024 por el entonces lehendakari Iñigo Urkullu. Y lo dictó el Departamento de Cultura y Política Lingüística.

La norma fue recurrida por Vox al estimar que «orillaba el castellano» al denunciar que el Gobierno Vasco pretendía «normalizar el euskera» por encima del español en trámites como la solicitud de subvenciones, el acceso a concursos públicos y a puestos de funcionario.

La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha estimado el recurso de Vox, pero no por el contenido lingüístico de la norma. La resolución considera que no se evaluaron adecuadamente los costes de aplicación de la norma ni se justificó su sostenibilidad financiera. 
De hecho, Pradales ya estaba trabajando en un nuevo decreto para adaptar la normativa a los cambios introducidos en la Ley de Empleo Público. En lo que la sentencia del alto tribunal supone un doble revés en la política lingüística para la «normalización del euskera».
El tribunal se apoya sobre todo en el informe previo de la Oficina de Control Económico (OCE) del propio Gobierno Vasco, que ya había advertido de la «ausencia de una efectiva estimación de costes». La sentencia hace alusión a diversas partidas insuficientemente cuantificadas como planes estratégicos y de gestión que debía elaborar cada entidad, servicios de traducción e interpretación o el impacto en entidades que hasta 2024 no estaban incluidas en el sistema de 1997.
El TSJPV anula también la creación de la Comisión de Coordinación (HAKOBA), que iba a controlar la aplicación de esta norma.

Vox denuncia la imposición del euskera va en contra de la igualdad

Desde el equipo jurídico de Vox, Marta Castro ha advertido que la norma imponía el vasco en actividades tan básicas como como requerir información, solicitar una subvención y acceder a un concurso público o a una plaza de funcionario. Lo que significaba «imponer limitaciones inasumibles para acceder en igualdad de condiciones al empleo público, las subvenciones y los contratos a todos los españoles».
Ahora bien la sentencia no es firme. El Gobierno Vasco de Imanol Pradales puede interponer recurso de casación en los próximos 30 días.
Al respecto, Vox ha advertido que estarán «muy pendiente de ver los siguientes pasos que darán para que cumpla la ley y que todos los españoles tengamos los mismos derechos en todo el territorio español”.

 

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