Vacunación; ¿lo hacemos bien o como siempre?

Hace unos días se cumplieron tres meses desde que se inició el proceso de vacunación del Covid 19, en el que se han puesto las esperanzas de lograr vencerlo. Efectivamente, toda la lucha hasta ahora ha sido reactiva y la pandemia siempre ha ido por delante, sin que las limitaciones y prohibiciones de movimientos y actividades, que han causado en nuestra economía un daño irreparable, hayan contribuido a minimizar el número de enfermos muy graves y de fallecimientos.

Con los antecedentes de incompetencia personal en la gestión y la preeminente voluntad de seguir obteniendo réditos políticos era muy fácil pensar que la planificación y ejecución del proceso de vacunación iba a discurrir por parecidas sendas de ineficacia.

Los voceros y panegiristas del Gobierno se han encargado de extender, hay que decir que con éxito, la interesada opinión de que denunciar los errores del Gobierno -no los de Madrid- en la gestión de la pandemia, por grandes y evidentes que fueran, era una especie de felonía; sólo así se entiende que los dislates en la estrategia de vacunación se vuelvan a achacar a una mala pasada del destino. Corramos no obstante el riesgo de recibir su baldón.

La adquisición de vacunas por parte de la Unión Europea ha sido un auténtico despropósito. Sin desprenderse de su condición reglamentista, y con tacañería cargada de soberbia, los funcionarios europeos han olvidado el objetivo: comprar más y más rápido. Resultado: se han puesto a disposición de los países miembros muchas menos vacunas que las que podían y debían haberse conseguido.

Como en otras cuestiones, en el orden de vacunación se ha realizado un seguidismo buenista, muy apartado de criterios médicos y demográficos. Se priorizaron así a grupos de riesgo con mayor vector de contagio y se ha olvidado que las personas que llenan los hospitales, colapsan las UCI y que lamentablemente fallecen, son los mayores de 65 años. Puede ser que vacunar a profesores y policías de 30 años reduzca el número de contagios, pero nadie puede olvidar que el objetivo primordial es reducir las hospitalizaciones y los decesos. Y para conseguirlo hay que intentar que la vacunación llegue prioritariamente a nuestros mayores.

Alegar que se están aprovechando las vacunas de AstraZeneca es una impostura con la que además se trata de ocultar la absurda relación con esta farmacéutica. Sólamente en Gran Bretaña se han aplicado más de 18 millones de dosis de esa vacuna y el porcentaje de efectos secundarios graves que presuntamente ha generado es tan bajo, no sólo allí sino en toda Europa, que no puede justificar el que no se realice un uso masivo y urgente de cuantas dosis se puedan conseguir en los grupos de más edad.

Tampoco se han querido considerar otros aspectos, como es el diferente porcentaje de afección entre hombres y mujeres, que según diversos estudios se atribuye a variaciones genéticas en los receptores de la testosterona. Datos del Ministerio de Sanidad señalan que el riesgo de fallecimiento por coronavirus es un 87,8% superior en los hombres, que este ratio se eleva hasta un 125% en mayores de 60 años y desde ahí exponencialmente si sufren alguna dolencia cardiorrespiratoria. Igualmente, la diferencia entre la carga de enfermedad es evidente: en números totales, el 64% de los fallecidos son varones (a pesar de ser menos población en edades avanzadas) y el riesgo de ingreso en UCI es un 131% superior para los hombres.

Me temo que es políticamente incorrecto, e inaceptable para muchos radicales de la ideología de género, pero no podemos ocultar que priorizar teniendo en cuenta también estas evidencias médicas hubiera reducido significativamente las incidencias clínicas y los fallecimientos.

Lamentablemente es muy probable que en la cuarta ola que ahora se está iniciando fallezca un elevado número de españoles, y que, al igual que en las anteriores, estas personas sean ancianos y mayores de 60 años que todavía no han sido vacunados. Obviamente ni los ministros de sanidad españoles, ni la chipriota Kyriakides, ni Sánchez y Von der Leyen son dolosamente culpables de esas muertes, pero por supuesto que debemos apuntar en su (in)capacidad de gestión el hecho de que un buen número de esas personas no fallecerían si, en vez de vivir en España, vivieran en Israel, en Chile o en un buen número de los países de la CEOE.