La transparencia de la nueva política tiene antifaz

El problema no es que los dirigentes de Podemos digan una cosa y hagan justo la contraria. Eso es lo normal en un partido carente de cualquier atisbo de ética, regado de dinero por los grifos de Venezuela e Irán. El problema es que las instituciones del Estado se lo permitan. Especialmente cuando este comportamiento incide en el manejo del dinero de todos los españoles. Tanto el partido de Pablo Iglesias como sus marcas locales son unos extraños para el Tribunal de Cuentas. Sin embargo, el órgano fiscalizador consiente de manera incomprensible que los números lleguen tarde y mal o que, en el peor de los casos, ni siquiera lleguen. Ahí está el caso de José María González ‘Kichi’. Este «alcalde del cambio», que cuenta por escándalo un amplio número de plenos municipales, va camino de convertirse en el hombre récord de la opacidad: dos años sin presentar las cuentas públicas de Cádiz. Tantos como lleva al frente del Consistorio.

Mientras tanto, y a pesar de esta alarmante omisión, el Tribunal de Cuentas mira hacia otro lado. Incapaz de decidir de una vez por todas si lo sanciona o pone el caso en manos de la Fiscalía. ‘Kichi’ está emparentado con Manuela Carmena por el nivel de desastre en sus respectivas gestiones municipales. El pasado mes de noviembre, OKDIARIO les contaba en exclusiva la denuncia por fraude contra la empresa concesionaria del servicio de limpieza gaditano, Sufi-Cointer. Un caso con los peores ingredientes de esa vieja política que critican los podemitas: partes inflados y enchufes de familiares y amigos. Este panorama dificulta aún más el día a día en una ciudad carcomida por el desempleo. Más del 30% de sus convecinos no tienen dónde poner las manos.

Por desgracia, José María González no es el único dirigente morado con tendencias a la ocultación. A nivel nacional, Unidos Podemos y sus confluencias —En Marea, En Comú y A la Valenciana— se financiaron irregularmente durante la campaña electoral del pasado 26 de junio. En ese caso, el Tribunal de Cuentas sí reconoció el hecho. Sin embargo, podemitas locales, autonómicos y nacionales siguen campando a sus anchas sin que nadie le ponga el cascabel al gato. Hay que pedirle a la Fiscalía o al propio Tribunal de Cuentas que establezca hora y fecha de cierre a una barra libre gestora que resulta inaceptable.