Con tal de salvar a su mujer, Sánchez se lava las manos ante los crímenes machistas

La última ocurrencia socialista de reformar la acusación popular responde únicamente a la necesidad de Pedro Sánchez de blindarse ante los casos de corrupción que rodean a su familia y a su partido, porque sería una manera de dar carpetazo al caso de Begoña de Gómez y al caso de su hermano músico, tetraimputados ambos. El problema para Sánchez es que sus socios de Gobierno no están por la labor, porque limitar -como pretende el PSOE- la acusación popular, al impedir que gobiernos, organizaciones sindicales y otras organizaciones vinculadas al poder político puedan ejercer este derecho constitucional tendría una consecuencia funesta en los casos de violencia machista, pues al excluir a las administraciones públicas de su potestad de personarse ante los tribunales en los casos de asesinato por violencia de género se produciría una notable indefensión de las víctimas y familiares. Precisamente el Gobierno de Pedro Sánchez vendió como un logro el protocolo de actuación de los Ministerios de Igualdad y Política Territorial orientado a ejercer la acusación popular en las muertes por violencia de género cuando se inhibieran las Comunidades Autónomas.

En definitiva, que con tal de salvar su particular pellejo Pedro Sánchez ha sido capaz de proponer una reforma de la acusación popular que tendría efectos nocivos sobre las mujeres. La acusación popular es una figura contemplada en la Constitución que siempre ha sido defendida por la izquierda, al considerarla «un avance que nos trajo la democracia y que ha permitido la eficaz persecución de los delitos de corrupción y de múltiples violaciones de los derechos humanos en los innumerables casos en los que las instituciones del Estado han renunciado a perseguirlos».

Pedro Sánchez se ha metido, él solito, en un callejón sin salida, porque ha buscado una fórmula torticera que no busca justicia, sino impunidad, a costa de dejar indefensa a las mujeres víctimas de la violencia machista y sexual. O sea, la reforma de la acusación popular que pretende Sánchez se hace a costa de las mujeres. Por salvar a su mujer, Begoña, Gómez, el Gobierno de Pedro Sánchez se lava las manos ante las muertes por violencia de género.