Los sudafricanos tampoco quieren inmigrantes ilegales

Un movimiento social al margen de los partidos políticos exige la expulsión de todos los inmigrantes que residen en el país. Bandas de personas armadas con palos y cuchillos queman las chabolas de algunos extranjeros que residen de manera ilegal y persiguen a estos por las calles. También rodean los hospitales públicos y les impiden el acceso. Por último, se manifiestan en las principales ciudades y le reclaman al gobierno que dé prioridad en todos los servicios públicos a los nativos.

¿Dónde ocurre esta violencia? ¿En los Estados Unidos de Donald Trump y el ICE?, ¿en Belfast, donde un inmigrante ilegal sudanés intentó decapitar a un súbdito de la corona británica y miles de irlandeses se echaron a las calles?, ¿en Narbona, donde una banda de nuevos franceses apaleó hasta matar a un joven blanco de 17 años?, ¿en Italia, donde un bengalí asesinó a machetazos a tres personas?, ¿en Australia?, ¿en Torre Pacheco?

No, ese país es Sudáfrica, a la cual los medios de comunicación ensobrados trataron de presentar como «la nación del arco iris» después del final de la segregación racial aplicada por el régimen de apartheid.

Nelson Mandela se convirtió en el primer presidente de la Sudáfrica multicultural en 1994. Pasó de la cárcel por actos de terrorismo al palacio. Se hicieron películas en su honor y se le colmó de premios y condecoraciones, como el Premio Lenin de la Paz, Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional, el Premio Nobel de la Paz, la Orden del Mérito de la FIFA y la Medalla Presidencial de la Libertad de EEUU.

A pesar de la ayuda internacional y de los aplausos, el país, que sigue siendo la mayor economía de África, se hundió enseguida en la crisis económica, la delincuencia y la violencia interracial (de negros contra blancos y de negros entre sí). Además, en estos treinta años el Congreso Nacional Africano (CNA), de izquierdas y asentado sobre la etnia xhosa, ha establecido un régimen de partido hegemónico, que ha fomentado tanto la corrupción como la incompetencia, aunque desde las últimas elecciones parlamentarias, de 2024, tiene que gobernar en coalición. La tasa de paro oficial ronda un tercio de la fuerza laboral y la pobreza afecta a más de la mitad de la población, que supera los sesenta millones.

El ambiente y la discriminación legal que sufren los blancos (las empresas, las universidades y las administraciones deben tener cuotas para negros) está llevando a muchos de estos a emigrar a otros países anglosajones, incluido Estados Unidos, cuyo presidente les ha invitado a hacerlo como refugiados. Sin embargo, unos pocos se marchan y otros muchos llegan.

El PIB de Sudáfrica sigue creciendo, gracias a la minería y el turismo, y esas actividades atraen a gente pobre de otros países, no sólo de los vecinos Lesoto, Zimbabue y Mozambique, sino de los lejanos Nigeria, Ghana y hasta Somalia. La población inmigrante legal se calcula en 2,5 millones, pero la ilegal es mucho mayor. Se sabe que los presos de nacionalidades extranjeras superan en porcentaje a los que tienen los inmigrantes regulares en la población general. Y los nativos acusan a los extranjeros, no sólo de ocupar puestos de trabajo y bajar los salarios, sino también de bloquear los servicios sociales, como la sanidad. En resumen, las mismas quejas que muchos españoles no creían o les parecían exageradas hasta que en los últimos años han entrado varios millones de inmigrantes.

Hace unas semanas, el movimiento March and March puso como plazo el 30 de junio para que los inmigrantes irregulares abandonen Sudáfrica; y el gobierno del presidente Cyril Ramaphosa advirtió que respondería a la violencia. En estos días, se han celebrado manifestaciones en las principales ciudades del país. Muchos extranjeros han salido en aviones fletados por sus gobiernos y los que aún permanecen sufren molestias como controles de identidad y el rechazo en las colas y las ventanillas. El arco iris nunca brilló en Sudáfrica, por mucho que se empeñara en ello el Foro de Davos.

La tendencia mundial es a cerrar las fronteras y expulsar a los inmigrantes ilegales. La remigración es la reacción al proyecto globalista de la diversidad, que ha traído más pobreza y delincuencia, desde Dinamarca a Chile. Hasta la Unión Europea aprueba un reglamento de deportaciones y una parte de los suizos, por ahora minoritarios, se ha pronunciado a favor de limitar el crecimiento de la población. La única excepción es la España progresista de Pedro Sánchez. Este ha abierto las puertas de nuestra nación a cientos de miles de inmigrantes, a los que ofrece papeles y sanidad gratuita, y encima está creando cientos de miles de «nuevos españoles» en América, con la intención de preñar las urnas.

El mundo está girando hacia la identidad y la nación, mientras que el gobierno de España se empeña en proseguir con la dilución del pueblo y la multiculturalidad. ¿Somos el país más bondadoso del mundo… o más imbécil?