Sobran mediadores y falta un presidente que crea en la separación de poderes

Que cuatro ex ministros de Justicia, Francisco Caamaño y Juan Carlos Campo, del PSOE, junto a Alberto Ruiz Gallardón y Rafael Catalá del PP, se hayan ofrecido para actuar como mediadores en la endiablada situación que vive el Poder Judicial demuestra hasta qué punto la falta de acuerdo para renovación de los órganos jurisidiccionales está provocando un peligroso vacío constitucional.

La iniciativa es un loable acto de voluntarismo, pero conviene no engañarse: lo que sobra en este asunto son mediadores y lo que falta es un presidente del Gobierno que crea en la separación de poderes. Porque el problema de fondo es ese: el asalto a la Justicia de Pedro Sánchez responde a una estrategia perfectamente definida que busca acabar con los contrapoderes sobre los que se articula el Estado de Derecho.

El problema de la renovación del CGPJ y del Tribunal Constitucional no está en la falta de acuerdo en los nombres de los candidatos, sino en el intento de Pedro Sánchez de someter a dos instituciones clave que se han erigido en muro de contención de los desmanes invasores del Ejecutivo socialcomunista. Que los cuatro ex ministros que se han ofrecido como mediadores tengan buena relación personal y hayan decidido echar una mano está bien, pero el problema de fondo no se arregla con un intercambio de cromos entre los dos principales partidos políticos.

Lo urgente es establecer un mecanismo que dote al Poder Judicial de mayor margen de maniobra e independencia para que los jueces puedan elegir a sus representantes sin las presiones del Ejecutivo de turno. Eso es la base de cualquier democracia asentada, pero en España el socialcomunismo lo que busca es todo lo contrario: someter a los jueces. De modo que o cambiamos el modelo de elección de los órganos jurisdiccionales o el problema se volverá estructural. Los cuatro mediadores lo que tendrían que proponerle a Pedro Sánchez es que apartara sus manos de la Justicia.