Seguridad Nacional

El Gobierno quiere modificar la ley de Seguridad Nacional. Pretende incluir que, en situación de crisis, podrá convertir en soldados a todos los ciudadanos mayores de edad, además de incautar todos los bienes personales y empresas del país (dinero, viviendas, negocios, bancos, etc…). Esta decisión supondría suspender la democracia, libertades y derechos de la ciudadanía, con riesgo de provocar una reacción social que podría conducir a una situación inestable e irreversible. Una ley peligrosa para la democracia.

Es el momento más inoportuno para abordar una norma como esta. Desde la aplicación de una elemental ética democrática, en las últimas elecciones se produjo un fraude de ley. Este parlamento es fruto de una estafa y hasta que haya nuevas elecciones no se sabrá el número de diputados afectados por la misma, lo que desvirtúa la representación de la voluntad popular. No cumplir un compromiso electoral es una cosa y hacer lo contrario de lo comprometido en campaña electoral para recabar el voto, otra. Ocurrió con el compromiso de no pactar con el comunismo bolchevique, hoy con varios ministros en el Gobierno, y con el de no indultar a los supremacistas catalanes. Imposible saber cuántos votos quisieron tener representación en el congreso para apoyar lo que se les prometió y no para lo contrario. La mayoría del Congreso se asienta sobre un fraude electoral por mentiras incompatible con prácticas democráticas.

El Gobierno se sostiene, además de por su engaño electoral y el pacto de Gobierno contrario a sus compromisos, en quienes tienen como objetivo político acabar con el Estado-nación que todavía somos. Aprobó una ley de memoria democrática sectaria recordando a las víctimas de un bando, que las hubo, ignorando a las de otro, que también las hubo. Ignora que el máximo responsable del PSOE durante la II República, Largo Caballero, pretendía superar La “democracia burguesa” para imponer una dictadura del proletariado semejante a la de la URSS, (Unión de Repúblicas Socialistas Ibéricas), dictadura que en Europa persistió hasta1989. Ha suscrito un acuerdo político con todos los partidos (bolcheviques, independentistas, filoterroristas) que defienden destruir España como Estado-nación.

Los hechos descritos, las mentiras, el fraude electoral y el pacto de Gobierno, entre otras prácticas opacas (entrevista “secreta” con George Soros, rescate Plus Ultra, cintas de Barajas con Delcy…), no crean un clima de confianza sino todo lo contrario, para abordar una ley de este calado. Una norma que mal utilizada puede desestabilizar el vigente régimen democrático (una partidocracia corrupta pero infinitamente mejor que una dictadura populista), pudiendo introducir a la sociedad en una espiral de confrontación que parecen demandar a Sánchez y al PSOE tanto sus socios de Gobierno como los partidos que los apoyan. ¿Podemos descartar que esos mismos partidos incendien las calles para provocar la aplicación de la ley superando el régimen constitucional, como pretendía en la Segunda República Largo Caballero, ideólogo político de este Gobierno social/comunista? Comunismo y nazismo son lo mismo con muchos millones de muertos más en los regímenes totalitarios comunistas. Que un Gobierno con ministros comunistas que defienden dictaduras brutales no ofrece garantías, ni democráticas ni éticas, se aprende conociendo la historia.

Si esta ley se tramita será imprescindible definir en la misma qué es una situación de crisis, descrita con suficiente claridad para que no ocurra como en el primer estado de alarma aprobado en el Congreso, declarado inconstitucional por el tribunal competente. Debería tener rango de ley orgánica, que precisa aprobación parlamentaria reforzada, además de reforma que atribuya intervención en el proceso a la jefatura del Estado como garantía del régimen constitucional, preservando los derechos civiles, las libertades y la democracia.