Sánchez llegó al poder por la Acusación Popular

La Ley Begoña es el último intento ad hominem por controlar la justicia y los profesionales encargados de administrarla con todo lo que esa pretensión supone para las garantías democráticas en un Estado que insiste en llamarse «de Derecho».

Con esa deriva autoritaria empieza el año y presenta cartas credenciales el señor presidente del Gobierno. Una acción que hasta el nada sospechoso diario El País ha calificado de «inconveniente» (no sea que se vaya a cabrear Moncloa, deje de financiar, con lo cual el cierre estaría asegurado) y todas las Asociaciones de Jueces se han posicionado abiertamente en contra. Sólo el pobre Bolaños, cada día con más cara de pitagorín descubierto con el carrito del helado, y cuatro pseudoperiodistas paniaguados la mantienen erre que erre cuando el clamor ha llegado ya hasta la propia sede de la Unión Europea, que algo tendrá que decir al respecto.

Lo más fundamental en este quilombo equinocial protagonizado por un sanchismo en decadencia es  esto: que Pedro Sánchez llegó al poder (cuando tenía 72 diputados y el PSOE estaba en mínimos históricos) gracias a la acusación particular que exhibieron sus abogados, Benítez de Lugo entre otros, durante el llamado caso Gürtel. Siete años después, rodeado de una corrupción generalizada que apesta, Sánchez y sus principales deudores quiere aplastar una figura para borrar de un plumazo todas las canalladas que él, su familia y sus principales colaboradores han perpetrado durante más de un lustro contra el pueblo español.

Es un intento más de reformar la Constitución de forma encubierta; los padres que redactaron aquella Carta Magna sabían muy bien lo que hacían cuando, con toda intuición, atinaron a colocar la iniciativa popular en los casos de corrupción. Los ganapanes mediáticos encargados de propalar las tesis gubernamentales se aferran a un clavo ardiendo en su defensa: en  países europeos no existe la figura. ¡Claro! No existe porque el Ministerio Fiscal es independiente del poder político y actúa de facto como poder «instructor» en dichas causas.

Paralelamente, trata de asesinar mediática, política y socialmente al juez instructor del caso Fiscal General del Estado. El juez Ángel Hurtado, al que algunos y previsibles por precio intentan desautorizar por aquello de la Gürtel, deben saber que no firmó la sentencia que idearon alalimón el todavía juez José Ricardo de Prada (algunas fuentes señalan también como parte activa al ex juez prevaricador Baltasar Garzón) porque el párrafo en el que se condenaba al PP era abiertamente ilegal. Prueba de que llevaba razón es que posteriormente tanto la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional como la propia del Tribunal Supremo sentenciaron que aquel parrafito al que Sánchez y Ábalos se agarraron para presentar una moción de censura fue eliminado por esas instancias jurídicas superiores.

¿Ignorancia o mala fe? Transcurrido el tiempo transcurrido y visto lo comprobado, ambas cosas.