Reducir la jornada laboral sería un desastre económico

El Gobierno insiste en querer reducir la jornada laboral a 37,5 horas a finales del año que viene, 2025, y está dispuesto a hacerlo sin acuerdo con los empresarios. Es un inmenso error: no puede reducirse la jornada laboral, porque no se está produciendo un incremento de la productividad, sino todo lo contrario. Con caídas de la productividad, una reducción de jornada conllevará una caída de la producción, porque tampoco las empresas podrán contratar más trabajadores, al ser inasumible su coste.

Ataca a los propios trabajadores, porque si se reduce la producción, se perderán puestos de trabajo. De hecho, si diferentes estudios estiman que la elasticidad del empleo respecto a los costes laborales es de 0,3 en valores absolutos, con una reducción de la jornada equivalente a 2,5 horas semanales -de 40 horas a 37,5 horas- la disminución de la jornada laboral es del 6,3% que, aplicada la elasticidad, puede llevar a una merma en el empleo del 1,8%.

En 2024, al quedarse en 38,5 horas, el efecto en el empleo sería de una reducción del 1,1%. Esa medida anula prácticamente en su totalidad la estimación de crecimiento del empleo para 2026 prevista por el Gobierno en el cuadro macroeconómico, donde estima que los ocupados crecerán un 2,2% dicho año, de manera que simplemente esta medida de reducción de la jornada laboral anulará, en la práctica, la práctica totalidad del crecimiento del empleo en 2026, mermando también en 1,1 puntos -por efecto intermedio de las 38,5 horas aplicables en dicho año- la prevista para 2025, que dejará a la mitad.

Es, por tanto, una barbaridad económica querer aplicar esta medida, que sólo conduce al debilitamiento de su economía y del mercado laboral, a un empobrecimiento de la sociedad. La economía española cuenta con un gran problema estructural en su seno, que empeora con la subida del salario mínimo y la reducción de jornada: una ausencia importante de productividad total de los factores y, a partir de ésta, de competitividad, ya que somos menos eficientes, los costes son más elevados y logramos un menor valor de producción en relación al coste de los factores empleados. Lo mismo sucede si hablamos de la productividad del factor trabajo, donde el producto por hora de trabajo no es tan elevado como en la mayoría del resto de países.

Eso provoca que nuestra economía sea más sensible a las variaciones del ciclo económico, de manera que lidere la creación de empleo en los momentos de crecimiento y sea la economía que más empleos destruye en los momentos de caída económica. ¿Cuáles son los motivos? Una elevada dualidad en el mercado de trabajo, una creciente inseguridad jurídica, las rigideces en el mercado laboral o los desincentivos para lograr una mejor organización en el trabajo son algunos de ellos. Esos elementos podrían haber sido mejorados si el Gobierno, en lugar de aprobar la contrarreforma laboral, hubiese mejorado la reforma de 2012 flexibilizando más el mercado de trabajo y eliminando las rigideces mencionadas. Sin embargo, no lo hizo.

Las mejoras en productividad y competitividad son imprescindibles. Si la economía española quiere lograr un aumento importante de su crecimiento potencial, debe lograr incrementar de manera sostenible su productividad. Hubo un primer avance entre 2012 y 2016, ajeno a las ganancias de productividad por mera destrucción de empleo, ya que en ese período sí que hubo un incremento estructural de productividad, pero luego volvió a perderse.

Por eso, en estos momentos se hace más esencial que nunca incrementar la productividad y la competitividad de la economía española que nos permita abordar la adecuación del sistema económico español a las nuevas circunstancias, fortaleciendo los ya existentes, como el turismo, el comercio o la hostelería, y reforzando sectores tecnológicos e innovadores, al tiempo que se extienda la eficiencia y, por tanto, la productividad y competitividad al conjunto del tejido productivo.

Ese aumento de productividad y competitividad no se consigue con más rigidez en el mercado de trabajo, ni con subidas salariales inflacionistas, ni trabajando menos en los bajos niveles de productividad actuales. Se conseguirá con la aplicación de reformas profundas que dinamicen el mercado laboral, que contenga salarios y que ligue su evolución a la de la productividad, para que no contribuyan al alza de precios.

Por eso, el Gobierno debería tomar buena nota y no interferir negativamente en el mercado de trabajo con medidas como la reducción de jornada -ni con la de la subida del salario mínimo-, que sólo harán empeorar más a la productividad y competitividad de lo que ya empeoran. Por tanto, bien harían en olvidarse de reducir la jornada y de seguir subiendo el salario mínimo de la manera en la que lo hacen, porque lo único que conseguirán con eso es empobrecer a la economía y al empleo en el medio y largo plazo.