Yolanda Díaz multará con 10.000 € a las empresas que no faciliten en tiempo real el registro horario

Yolanda Díaz quiere imponer sanciones de hasta 10.000 euros por trabajador a las empresas que no faciliten en tiempo real el registro horario de sus trabajadores a la Inspección de Trabajo y a los representantes de los trabajadores. Es una de las normas que introducirá Yolanda Díaz en la proposición de ley que presentará en el Congreso en diciembre para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales sin bajadas de sueldo, un texto que está negociando con los sindicatos UGT y CCOO y del que no participa ya la CEOE.

Así lo señalan fuentes presentes en la negociación tripartita que han llevado a cabo sindicatos, patronal y Ministerio de Trabajo en los últimos meses para pactar un texto que finalmente no llevará la rúbrica de la CEOE. El ministerio de Yolanda Díaz ya ha sacado a consulta pública el texto de la norma. En él confirma que las empresas tendrán que dar acceso remoto en tiempo real a la Inspección de Trabajo y al comité de empresa, y confirma sanciones si se incumplen ésta y otras normas.

Las fuentes consultadas explican que Yolanda Díaz tiene la intención de modificar el Estatuto de los Trabajadores, eliminando el artículo 34.9, referido al registro de jornada, y añadiendo un artículo 34 bis en el que regulará todo lo referido al registro digital de la jornada laboral. En ese nuevo artículo se ampliarán las multas actuales de 7.500 euros como máximo a los 10.000 euros como máximo. Las sanciones irían desde 1.000 a 2.000 euros si es considerada infracción leve; entre 2.001 y 5.000 euros si es de grado medio; y entre 5.001 y 10.000 euros si Trabajo considera que es infracción grave.

La intención de Yolanda Díaz es que la norma de reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales entre ya en vigor el 1 de enero de 2025, aunque tendrá que conseguir el apoyo de todos los socios del Gobierno para sacarla adelante. En principio, la ministra no tiene el apoyo de Junts, que se opone frontalmente a la medida en línea con la patronal CEOE.

Si sale adelante, pequeñas y medianas empresas y autónomos con trabajadores a su cargo tendrán que hacer un esfuerzo económico más para instaurar ese sistema digital que permita a la Inspección de Trabajo y a los representantes sindicales acceder a los datos de la jornada laboral de cada trabajador. Es previsible en cualquier caso que Trabajo de un periodo de transición para que las empresas se puedan adaptar.

La norma afectará sobre todo a las pequeñas empresas y a los autónomos, que tendrán mayor dificultad para afrontar estos cambios digitales y las sanciones pertinentes. Será otro golpe añadido a la más que probable nueva subida del salario mínimo el 1 de enero -la ministra ya ha dado el pistoletazo de salida al comité de expertos que debe cerrar una propuesta-, que la ministra quiere no sea inferior al 2,8%.

Hay que tener en cuenta además que si sale la norma en el Congreso, las pequeñas empresas y los autónomos con trabajadores a su cargo tendrán que contratar más empleados o pagar horas extra a los que ya tienen. Para el primer caso, todo apunta a que Trabajo retirará las ayudas ofrecidas durante la negociación para que la CEOE se sumara al acuerdo. Eran ayudas sólo para nuevos contratos, lo que no aceptaba la patronal.