Puigdemont le mete otro gol a Sánchez (y al Estado)

El pasado 12 de febrero comparecieron, en el Parlament, los sindicatos y asociaciones de la Policía y la Guardia Civil. Aterrados por las informaciones que les llegaban sobre el eventual traspaso de competencia a los Mossos. Ahora se ha confirmado.

Estaban todos: el Sindicato Unificado de Policía (SUP), Justicia Policial (JUPOL), Unión Federal de Policía (UFP), Asociación Profesional Justicia Guardia Civil (JUCIL), Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC, Unión de Oficiales (UO) e Independientes de la Guardia Civil (IGC). La Guardia Civil, por su naturaleza militar, tiene asociaciones; no sindicatos.

Me llamó la atención lo que dijo el secretario general del SUP en Cataluña, Jorge Soriano: “Se pretende incumplir la legalidad de forma manifiesta y clara”. “Está claro que la Constitución, en su artículo 149 y 150, deja claro que las competencias exclusivas en materia de fronteras, extranjería e inmigración son de Policía y Guardia Civil como no puede ser de otra manera”, añadió.

“No hay ningún país del mundo —continuó— que tenga cedidas estas competencias a una policía regional. Ni Estados Unidos ni aquí, en Europa, Suiza o Alemania.”

En efecto, el artículo 149.2 deja claro que “nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo” es “competencia exclusiva” del Estado. Supongo que cabe el recurso ante el Tribunal Constitucional. Aunque, en este caso, estoy convencido de que Conde-Pumpido lo arreglará.

¿Cuál ha sido, pues, el método empleado por el PSOE y Junts? Aparte de las reuniones en Suiza, quiero decir. El artículo siguiente: el 150.2, que fija que “el Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación”.

Curiosamente, es el mismo que se utilizó para el despliegue de los Mossos a mediados de los 90. En esa ocasión, lo último que consiguió arrancar Pujol al PSOE, que ya estaba de capa caída por los casos de corrupción.

El traspaso fue un acuerdo político. Ni siquiera sancionado por ley. De hecho, la denominada Minoría Catalana había votado en 1987 a favor de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que relegaba a los Mossos casi a la vigilancia de los edificios oficiales de la propia Generalitat.

Junts, ni que decirlo, se ha apresurado a celebrarlo con un comunicado de dos páginas que ha colgado en X. Como Junqueras, que anunció la condonación de los 17.000 millones en una rueda de prensa… en la sede de ERC.

El partido de Puigdemont justifica su cambio de opinión en el hecho de que el 18% de la población catalana tiene “nacionalidad extranjera” y que el 24% “ha nacido fuera de Cataluña”.

El prófugo de Waterloo habló por primera vez de inmigración en su rueda de prensa el 6 de septiembre de 2023. Cuando propuso un “compromiso histórico” con el PSOE a cambio de impunidad.

Hasta entonces, la cuestión había pasado absolutamente desapercibida durante los años duros del proceso. De hecho, lo único que se quería era atraer a los inmigrantes a la causa independentista. Para que votasen a favor de la independencia en un eventual referéndum de autodeterminación. Los inmigrantes, como se pueden imaginar, solo querían papeles. Les daba igual que se los dieran el Reino de España o la República catalana.

El problema es que los de Junts per Catalunya sienten el aliento de la alcaldesa de Ripoll en el cogote. Aliança Catalana consiguió dos escaños el año pasado, pero estuvieron a punto de alcanzar entre cuatro y seis. Con cerca de 120.000 votos, llegaron al 3,77%. El mínimo para entrar es el 3%.

Y nadie duda de que, en las próximas elecciones, subirá. Entre el cordón sanitario a la que la someten -sobre todo en TV3- y los encontronazos con Illa -que la llamó “racista”- se ha convertido en la verdadera estrella de las sesiones de control del Parlament.

Por eso, ahora justifican el citado traspaso en la “necesaria plena integración” de los inmigrantes y la “integración lingüística”. Es decir, que aprendan catalán. Para ello, crearán una “ventanilla única” con el fin de autorizar las “estancias de larga duración” y la “residencia temporal”.

Los Mossos d’Esquadra gestionarán, por otra parte, la seguridad de puertos y aeropuertos aunque, en este asunto, hay truco porque será junto “al resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado”.

Además de “las devoluciones de extranjeros” -sospecho que tendrán que llevarlos a la Policía Nacional para su expulsión- y se aumentará la plantilla en 1.800 agentes hasta llegar a los 26.800. Pese a que, por cierto, en la citada conferencia de prensa pregunté sobre la equiparación salarial y está pendiente todavía.

La Generalitat se asegura igualmente las expulsiones administrativas, que no requieran “expediente” judicial. Espero que no les tiemble la mano. Recuerdo que hace muchos años el ahora alcaldable del PP por Barcelona, Daniel Sirera, en su época de diputado autonómico, preguntó cuántos inmigrantes ilegales habían expulsado los Mossos y creo que la respuesta fue cero.

Por último, se harán cargo del CIE de la Zona Franca, la contratación en origen y el “tráfico de personas”. Si no pillaron a Puigdemont en pleno centro de Barcelona dudo mucho de que pillen ahora a un traficante de personas.

Para terminar, se aseguran que “el Estado español transferirá los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios para que Cataluña ejerza la competencia que se le delega”. Hay un refrán catalán que va como anillo al dedo: “cornut i pagar el beure.” “Cornudo y apaleado” en su versión castellana. Pues eso.