La obediencia a la ley está siempre por encima de la obediencia a Marlaska

Decíamos ayer que el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, pretende utilizar el nuevo Código de Conducta de la Guardia Civil para someter a los agentes de la Benemérita e impedir casos como el vivido con Pérez de los Cobos, el coronel que fue cesado por negarse a dar información judicial secreta al Gobierno. La orden era ilegal y Pérez de los Cobos antepuso la obligación judicial de mantener en secreto la instrucción judicial del caso del 8M.

Pues bien, a partir de ahora el principio de legalidad se supedita al principio de obediencia ciega al ministro, como se recoge en el artículo 15 del nuevo Código: «La disciplina, factor de cohesión que obliga a mandar con responsabilidad y a obedecer lo mandado, será practicada y exigida como norma de actuación». Y sigue: esa disciplina «tiene su expresión colectiva en el acatamiento de la Constitución y su manifestación individual en el cumplimiento de las órdenes recibidas». En el colmo del sarcasmo, en el siguiente artículo matiza: «Si las órdenes recibidas entrañaran la ejecución de actos que manifiestamente constituyan delito o resulten contrarios a la Constitución o a las leyes, los miembros de la Guardia Civil se abstendrán de obedecerlas, debiendo comunicar por el medio más rápido y eficaz el contenido concreto de las instrucciones recibidas y el mando u órgano emisor de las mismas a la autoridad superior o al órgano que corresponda». O sea, que una cosa y la contraria.

Parece obvio, como señala Jucil, que la expresión «cumplimiento de las órdenes recibidas» implica la vuelta al principio de obediencia ciega  y que los artículos 15 y 16 entran en franca colisión, por lo que el artículo 15 debería ser complementado con la expresión «órdenes legítimas recibidas» para que el ministro Marlaska no pueda imponer discrecionalmente decisiones de dudoso encaje legal, que es lo que hizo con el coronel Pérez de los Cobos.