Negligencia mortal

El documento que publica OKDIARIO apunta directamente a la negligencia del Gobierno vasco, que conforman PNV y PSOE, en relación con el derrumbe del vertedero de Zaldibar. Dos personas permanecen desaparecidas, sepultadas bajo los vertidos. El accidente pudo evitarse, porque el Ejecutivo vasco escondió un informe de su propio Departamento de Medio Ambiente en el que alertaba con toda claridad de que la “Inspección Ambiental” del vertedero se saldó con la calificación de “existe algún incumplimiento clasificado como significativo/severo o un cúmulo de incumplimientos de las condiciones de autorización”.
Dentro de las categorías que miden el grado de cumplimiento de las condiciones de la autorización medioambiental, la Inspección determinó que era la más baja de las posibles. Tal era el cúmulo de irregularidades que podían ser susceptibles de la retirada de la licencia.

El informe instaba a la empresa a que «en el plazo de 30 días se presente documentación acreditativa de que se han corregido las desviaciones señaladas o, en su defecto, se han implantado acciones para su pronta corrección, siendo los plazos para su ejecución los mínimos necesarios”.
Dado que la  fecha de la inspección es del 10 de junio de 2019, la de la emisión del informe del 27 de agosto de 2019 y la de notificación a la empresa del vertedero del 16 de septiembre de 2019, cómo es posible que el sello oficial llevara fecha del 4 de noviembre .

O sea, el Gobierno vasco visitó las instalaciones en junio, observó que el grado de cumplimiento merecía la mínima calificación posible, incluyendo incumplimientos sobre el tipo de vertidos, y una posible retirada de la licencia por la gravedad de la situación, pero dejó transcurrir 98 días hasta comunicar a la empresa las exigencias. El derrumbe se produjo el día 6 de febrero y el día 7 los sindicatos denunciaron que los operarios que participaban en las labores de búsqueda habían trabajado durante horas
sin saber que había residuos industriales y presencia de amianto.
La consejera de Seguridad del Gobierno vasco ha acusado a la empresa de no comunicar al Gobierno vasco la presencia de amianto, pero lo cierto es que el Ejecutivo regional, tal y como se ha desvelado posteriormente en testimonios, conocía que había amianto desde junio de 2019.

Parece evidente la responsabilidad en la tragedia del Ejecutivo vasco. Hubo negligencia y el resultado ha tenido funestas consecuencias, de modo que el Gobierno de Vitoria no puede mirar para otro lado. Las pruebas que aporta OKDIARIO son tumbativas.