La ley de medios busca apropiarse de la libertad de expresión

Hablemos de dos libertades clave y fundamentales en toda democracia liberal. La libertad de expresión, para poder discrepar, y la libertad de empresa que incluye tanto la libertad para fundar empresas de medios de comunicación como para poder financiarlos desde su propiedad o a través de la publicidad o campañas que libremente se pongan en marcha desde los mismos.

Se anuncian medidas para limitar estas libertades con el pretexto y el objetivo de reducir la posibilidad de crear o expandir bulos. La tensión, la polarización actual y los muros provocan una crispación creciente y dañan la convivencia a lo largo y ancho de Europa. Y España no está al margen de esta tensión creciente.

Los bulos se combaten con más libertad de prensa y con mas medios de comunicación aportando información y opinión diversa desde el respeto de los planteamientos que hacen aquellos con los que no los compartimos. Discrepar sobre algo para nada implica desacreditar a quien lo ha planteado o faltarle al respeto.

En la línea de desacreditar las informaciones algunos responsables políticos, hace unos años en el Ayuntamiento de Madrid y ahora en el Gobierno de Navarra anuncian “agencias de verificación de noticias oficiales”. Los llamados ministerios de la información o de la verdad tan extendidos en el pasado. Como si las existentes agencias públicas de noticias o medios públicos oficiales ya sean escritos, radiados o televisados no fueran suficiente para contrarrestar los planeamientos de los medios de comunicación privados.

De un tiempo a esta parte estamos escuchando cada vez más planteamientos políticos encaminados a establecer un control previo de los medios para controlar, a su vez, los llamados bulos, sin importar si se apoyan en otras noticias u opiniones.

En esta línea, me sorprende el planteamiento legislativo mediante una proposición de ley para democratizar los medios, anunciado por el grupo parlamentario de Podemos que apoya al Gobierno, para regular que, de momento, las empresas eléctricas y las entidades financieras incluidos los fondos de inversión, no puedan poseer mas del 10 % del capital social de un medio de comunicación, por considerarlo un sector estratégico más de nuestra economía. Y con este nuevo sector a regular, arranca una lista lista se va ampliando. Apunta también al sector de las telecomunicaciones, cuya principal empresa, Telefónica, tendrá un porcentaje del 10 % controlado de forma pública. Lo mismo con la gestión del gas, o la fabricación de trenes. La lista siempre se ampliará.

La proposición de Ley para la democratización de los medios anunciada incluye un régimen sancionador cuyo objetivo sería reparar el daño causado por la difusión de bulos, obligando además a quién presente un programa de televisión o radio de mucha audiencia a hacer una declaración de bienes para de esta forma conocer los intereses económicos de los grandes comunicadores de nuestro país.

En la presentación de la medida se cuestiona además determinada publicidad de las empresas en los medios, poniendo los ejemplos una vez mas de compañías con nombres y apellidos que crean empleo y son referentes en su sector. Se habla como esta publicidad puede condicionar no solo la línea editorial de un medio sino incluso las noticias. Algo que sin embargo no critica allí donde ya ha ocurrido, en el sector público. En los procesos de asignación de patrocinios, campañas y publicidad institucional pública se produce una suerte de pitas, pitas para las palomitas que algunos responsables de comunicación pública citan cuando reparten el presupuesto destinado a tal causa.

Finalmente establece un órgano político que bajo la denominación “Consejo del Derecho a la Información”, elegido por la ciudadanía -aunque alguien podría enmendar la norma incorporando el término “o por la mayoría de sus representantes políticos”-, garantice el pluralismo e imponga sanciones para evitar la impunidad. Una impunidad que hoy ya controla, de forma independiente y sujeta a derecho, otro de los poderes del Estado, el poder judicial.

Los jueces recuerdan con cada vez más frecuencia a políticos, ministros o parlamentarios que no todo vale cuando se hacen afirmaciones falsas ofensivas contra el honor de los particulares. Un poder judicial que, entre otras por esta cuestión, también está en la mira del ejecutivo y del legislativo por esa independencia con la que cuenta y que está consagrada en el marco de nuestra Constitución con un magullado Montesquieu.

Los términos son una vez mas los mismos que hemos visto en el pasado cuando se quería aprobar una regulación para limitar la libertad de información: el seguimiento, el control, la autorización y la sanción.

Ese conjunto de iniciativas que pretenden transformarse en normativa, es peligroso e innecesario en un estado de derecho. Los bulos y el llamado fango se combaten con más libertad de expresión, mas libertad de establecimiento de medios de comunicación, más competencia entre ellos, más convivencia, más respeto y más consenso.

Libertas exprimendi non habet dominos quia libera est.

José Luis Moreno, economista ha sido director de Economía en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento de Madrid. Analista económico y empresarial.