Intervenir el mercado del alquiler es puro comunismo

Intervenir el mercado del alquiler es puro comunismo

En su obsesión por confiscar el mercado de la vivienda, el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, no renuncia a mentir. Ahora asegura en Twitter que el Parlamento Europeo ha aprobado una resolución pidiendo que se regulara el precio del alquiler. Falso, el texto final suprimió precisamente un párrafo del punto 40 del borrador previo a la resolución que hacia alusión indirecta al control de los alquileres. Que nadie se engañe: fijar, como pretende Podemos, un precio máximo de alquiler representa una forma trasnochada de intervencionismo, pues alterar artificialmente la ley de la oferta y la demanda sólo conseguirá que los propietarios no saquen  al mercado del alquiler sus inmuebles y, en consecuencia, los precios suban y aflore el dinero negro.

Alquilar en España se ha convertido gracias al Gobierno socialcomunista en un ejercicio de alto riesgo. Topar el precio máximo del alquiler o legalizar la okupación, aunque sea con carácter temporal, son métodos confiscatorios propios de regímenes comunistas. En definitiva, lo que está haciendo el Ejecutivo es atentar contra la propiedad privada de una manera que no tiene precedente en un Estado de Derecho, pues genera una descomunal inseguridad jurídica. Que Pablo Iglesias mienta no es ninguna novedad, pero que lo haga de forma tan grosera revela la catadura moral de un personaje que se ha subido a lomos de la hipocresía. La UE no secunda sus medidas confiscatorias en materia de vivienda, sino todo lo contrario.

El problema del acceso a la vivienda es una realidad incuestionable, pero la Constitución insta a los poderes públicos -o sea, a Pablo Iglesias, como vicepresidente del Gobierno- a resolver la situación de una manera radicalmente distinta a como pretende el líder podemita,  respetando, faltaría más, la propiedad privada. Vivir en un chalet blindado por la Policía es un privilegio del que no gozan el resto de españoles, temerosos de que les entren en su casa. Pablo Iglesias e Irene Montero pueden dormir tranquilos: a ellos no les van a «okupar» el casoplón.

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