Actuación judicial inexplicable

La imagen que proyecta Madrid con una alcaldesa como Manuela Carmena es perfecta si desde el Consistorio pretenden espantar la inversión internacional y hacer que el principal motor de la recuperación en España pegue un frenazo en seco. Ningún inversor se atrevería a traer su dinero a la capital de España con Carmena al frente. Al margen de su deficitaria gestión en asuntos tan importantes como la limpieza de las calles o el caos circulatorio, la jefa del Palacio de Comunicaciones se vale de su posición y trayectoria profesional para, gracias a jueces amigos, retrasar casi un año la causa contra su marido, Eduardo Leira, querellado por alzamiento de bienes. Una actuación judicial inexplicable que proyecta la imagen de una ciudad más propia de una república bananera que del país que más crece en toda la Unión Europea.

Los querellantes recurrieron la inadmisión por parte de la Audiencia Provincial en julio de 2015 y a día de hoy siguen sin saber nada. El abogado en esta causa ha denunciado «dilaciones indebidas en el procedimiento». Cuatro de los cinco magistrados que debían juzgar la continuidad del proceso se abstuvieron por amistad con Carmena, algo que tardaron en comunicar casi 365 días. Una manera sospechosa, cuanto menos, de evitar que el cónyuge de la primera edil fuera acusado de alzamiento de bienes después de haber traspasado el patrimonio personal a su mujer para así no tener que saldar cuentas con sus trabajadores. Deuda que ascendía a más 500.000 euros tras cerrar su firma de arquitectura I3 Consultores.

La cercanía y control de los jueces se ha convertido también en una aspiración evidente de Podemos. Más allá del sospechoso asunto de Carmena y su marido, el partido de Pablo Iglesias ya escandalizó a jueces y fiscales el pasado mes de febrero con su oferta a Pedro Sánchez. En ella, Iglesias supeditaba su apoyo al PSOE a que cargos claves como el Fiscal General del Estado, magistrados del Tribunal Constitucional o vocales del Consejo General del Poder Judicial fueran designados por su “compromiso con el programa del Gobierno”. Algo que fue definido como “aberrante” por los propios profesionales y que denota cómo una cosa es el discurso buenista del «cambio» y otra muy distinta la aplicación interesada del mismo. Mientras tanto, los lugares donde gobiernan con sus marcas blancas siguen pagando las consecuencias. El Madrid de Carmena es un ejemplo.