Gobernar para la gente

menores tuteladas

Las administraciones públicas tienen la obligación legal de tutelar y garantizar protección, educación y una vida digna a los menores de edad cuyos padres no desempeñen esa tarea. Menores extranjeros que han accedido al país ilegalmente o hijos de familias desestructuradas que no pueden hacerse responsables de su educación. Como demuestran los hechos, el sistema legal vigente no es eficaz para la protección de los menores.

Que se conozca, más de 200 niñas tuteladas han sido prostituidas y drogadas durante años en varias comunidades autónomas, dejando en evidencia la incapacidad para prevenir, proteger y evitar delitos contra los menores. ¿Estarían mejor con sus padres, sean españoles o extranjeros? ¿Alguien dejaría de hacer negocio si están con sus familias?

Mantener a menores en centros tutelados y echarlos a la calle al cumplir 18 años no tiene ninguna lógica. Un joven que a esa edad es expulsado del centro o piso de acogida está condenado a la delincuencia. Si son extranjeros, unos días antes de que la policía los visite para expulsarlos a su país se fugan. Me reuní hace años con menores acogidos en Mensajeros por la Paz de Madrid, (con quien colaborábamos desde la ONG Policía Solidaria -que nunca pidió ni recibió un euro de subvención oficial-), para entender sus circunstancias, conocer fallos del sistema y escuchar las dudas razonables de los chavales ante su futuro. Nada ha cambiado, todo sigue igual. El Gobierno cree que su responsabilidad concluye cuando hace la ley, aunque no resuelva el problema. Cuestión aparte es el de los menores extraídos del seno familiar por razones de pobreza; a algún padre escuché llorar amargamente el “robo” de sus hijos tras varios años intentando recuperarlos, lo que la mayoría no consigue nunca. Sería más ético y razonable ayudar a los padres a salir de la pobreza antes que quitarles los hijos.

Lo que estamos conociendo de Madrid, Baleares, Comunidad Valenciana y otras comunidades, niñas sometidas a prostitución forzada y consumo de drogas, son en muchos casos hechos investigados con condenados sin que ello haya producido una revisión de la ley ni del sistema de acogida para mejorar sus muchas lagunas. Faltan jueces, educadores, medios materiales y una ley que afronte el problema, no que calme la conciencia de los políticos. Más allá de la propaganda a nadie parece importarle la suerte que corran estos menores.

Que la Administración pública no responde siempre eficazmente a las necesidades ciudadanas, se evidencia también en el desamparo que sufren personas mayores obligadas a permanecer durante horas de pie, en la calle, cuando acuden a un centro sanitario de Atención Primaria o a un hospital; ocurre lo mismo cuando acuden a una entidad bancaria. El Gobierno debería imponer por ley a la administración pública estatal, autonómica y local, la obligación de atender a los mayores de determinada edad con un teléfono para ellos y con citas presenciales específicas en la administración pública, extendiendo el mismo trato a la banca, con teléfono, ventanillas para ancianos y atención personalizada. Otro ejemplo: cuatro meses después, los afectados del volcán en La Palma siguen viviendo como y donde pueden, sin haber recibido un solo euro de ayuda directa del Estado para gastos ordinarios (café, refresco, tabaco, comida, cerveza, gasolina etc.). Ayudar con 100 euros/mes a 7.000 afectados (incluyendo niños y adultos), resultaría tan gravoso para el Estado como los ocho viajes del presidente del Gobierno. Serían decisiones lógicas para ayudar a la ciudadanía, a personas vulnerables cuando más lo necesitan. Nunca actúan así; los políticos hacen propaganda, no gobiernan para la gente.

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