Un ‘garçon’ para servir leche agria

En una semana de actividad casi frenética en la política carpetovetónica el régimen ha sacado tiempo para dar impulso a una de sus herramientas para la polarización y la división de los españoles, como es el aborto jurídico, social e histórico de la memoria democrática. Y como resulta que esta creación zapateril, revitalizada por Pedro Sánchez, es una institución perfectamente innecesaria que no cala demasiado entre los españoles, han pensado que se necesita a una prima donna como Baltasar Garzón que les garantiza, al mismo tiempo, las convenientes dosis de sectarismo y de presencia mediática.

Como la cosa va de la memoria, resulta muy oportuno no olvidar quién es el personaje. Garzón es un figurón que, sobre la relevancia que le otorgó la Audiencia Nacional en una época en que se luchaba contra el terrorismo etarra, y aprovechando la degradación y descomposición del felipismo, se aupó a sí mismo desde la judicatura a la carrera política, primero, y a la venganza política después. Protagonista de encausamientos muy recordados, pero destacando siempre menos por la pericia y eficacia procesal que por una ambición y un afán de protagonismo que le hicieron cometer irregularidades e incluso muy graves delitos, que iban desde chuscos intentos de extorsión a empresarios y banqueros hasta la autorización de escuchas ilegales a abogados defensores. Por eso el Tribunal Supremo le expulsó de la Audiencia Nacional y de la carrera judicial. En su etapa posterior como pseudo abogado y promotor de causas muy mediáticas de alcance internacional, su desempeño ha sido todavía menos edificante, por lo que ha quedado, además, ligado profesional y económicamente con los personajes más siniestros y los regímenes más criminales.

Es evidente que alguien como Garzón, ejemplo de la más engolada autopropaganda, no desentona nada en el engranaje de este otro régimen, el sanchista, y aquí le han hecho hueco en uno de sus grupúsculos; en ese maloliente y viscoso albañal, de inconfesables cambalaches económicos y de espurios intereses políticos, que es la memoria democrática. Más aún, en un organismo al que, ya sin rubor ni limitación ética o estética, le han puesto el nombre de Comisión de la Verdad, que es, en sí mismo, una referencia más que explícita de las distopías orwellianas, del ministerio para la Ilustración Pública y Propaganda de Joseph Goebbels o de los centros de detención y reeducación de los regímenes comunistas.

Y por si fuera poca la desvergüenza de elegir para gestionar el chiringuito a alguien con tan dudosos antecedentes (hasta penales), y como muestra de que ya no sienten la atadura ni del propio sentido común, Garzón trabajará junto con su esposa, la ex ministra y ex fiscal general Dolores Delgado. Otra correveidile del sanchismo a la que crearon este absurdo puesto, con categoría de fiscal de sala, que se ocupa, entre otras labores siempre más administrativas y políticas que judiciales, de impulsar la aplicación de la Ley de Memoria Democrática. A ellos les dará igual, pero con un mínimo de rigor en la evaluación de lo que es un evidente conflicto de intereses, los trabajos de uno y otro quedarían mutuamente inutilizados si ambos intervienen en los mismos procesos.

Pero esta semana, además de este nombramiento, el ministro del ramo, Ángel Víctor Torres, ha traído al Congreso para su convalidación un Decreto relacionado con el reconocimiento a personas fallecidas por su actividad en defensa y reivindicación de la democracia. Con este motivo el diputado popular Pedro Muñoz Abrines hizo un brillante discurso para descalificar la consideración como víctima del franquismo a un joven andaluz que murió en una manifestación de 1977; esto es, después de haber aprobado la Ley de Reforma Política, haberse celebrado elecciones generales y estar constituido un gobierno plenamente democrático.

Aprovechó Muñoz Abrines para hacer un brutal e inapelable ataque a la paródica Ley de Memoria Democrática, que ni es memoria de nada ni es para nada democrática, y que ha sido escrita por Sánchez con los filoterroristas de Bildu, paradigmas de la libertad y la democracia, llevándole la mano. Una de las más urgentes medidas que debiera traer un nuevo gobierno, y parece que este sí es un compromiso tanto del PP como de Vox, es acabar con esa ponzoñosa ley y con todos sus purulentos apéndices. A Garzón, a su mujer y a los sospechosos habituales que los acompañan no debiera quedarles mucho tiempo para chupar de esa ubre de leche agria que levanta los muros y desentierra argumentos de odio entre los españoles.