A favor del tercer sector, no como el Gobierno

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A favor del tercer sector, no como el Gobierno

En su empeño de crear problemas donde no los hay y empeorar los que ya tenemos, le llega el turno al tercer sector; sí, a ese montón de ONG’s, asociaciones y voluntarios que, afortunadamente, tenemos en España.

Quizá no se hayan enterado, o no quieran enterarse, pues son de los nuestros (deben de creer algunos de sus directivos) y, por ello, no se les oye protestar, pero el afán intervencionista del Gobierno ya llama a su puerta.

Como informa OKDIARIO, la nueva ley de condiciones básicas para la igualdad en el acceso y disfrute de los servicios sociales, cuyo anteproyecto ha sido aprobado en el Consejo de Ministros discrimina a ONG como, por ejemplo, Cáritas, la ONCE o Cruz Roja, al establecer que, «con carácter preferente», el catálogo de servicios públicos deberá prestarse a través de la gestión directa de los gobiernos autonómicos. En otras palabras, que si el servicio lo puede prestar la propia Administración, nada de convenios o conciertos con las ONG, aunque éstas lo puedan hacer mejor y más barato.

Además de que esto sea inconstitucional (por invadir competencias autonómicas), estamos ante un nuevo capítulo del cansino debate sobre si queremos un Estado prestador o uno garante. Uno que se encargue de hacerlo todo a costa de más presupuesto y más funcionarios, o que se responsabilice de garantizar que otros (mercado o sociedad civil) lo hagan. Hace tiempo que los países de nuestro entorno se dieron cuenta de que es mejor que los gobiernos lleven el timón y que sea el mercado o la sociedad civil los que remen.

Las ventajas de convertir las comunidades en las gestoras del bienestar son numerosas. Ya las enumeraban Osborne y Gaebler hace tres décadas (en La reinvención del Gobierno, 1994): las comunidades están más comprometidas ante sus miembros que los sistemas públicos ante sus beneficiarios. Comprenden mejor sus problemas. Las burocracias prestan servicios mientras que las comunidades resuelven problemas y ofrecen cuidado. Estas son más flexibles y creativas que las grandes burocracias de servicios y más baratas que los profesionales e imponen patrones de conducta de un modo más eficaz.

Estas razones, entre otras, han generado en todo el mundo occidental la aparición de instituciones que conformar un nuevo sector social (el tercer sector de acción social -TSAS-). También en España donde, según el informe de la plataforma de ONG de acción social, el TSAS representa casi el 1,5% del PIB nacional y el número estimado de intervenciones directas fue de más de 46 millones en 2020. Aquel año contaban con algo más de un millón de voluntarios, su peso en el empleo era del 3,3% sobre el total de todos asalariados en España y el 32,6% sobre el total de todos los contratados en las actividades sanitarias y de servicios sociales. Y, por cierto -aviso al empleo femenino-: la mayoría (el 76,5%) de los contratados del TSAS son mujeres.

Eso era en 2020, ahora el Gobierno ha decidido dar una vuelta de tuerca y dejarlas fuera, de manera preferente, de sus funciones como colaboradores de la Administración. ¿Es necesario? «Todo en el Estado, nada fuera del Estado, nada en contra del Estado», decía Mussolini, y bien que lo aplican los socialistas españoles.

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