Huele que apesta a pucherazo

Huele que apesta a pucherazo
Huele que apesta a pucherazo

En un anterior editorial ya alertábamos del riesgo de que la Ley de Memoria Democrática se convirtiera en un instrumento para la compra de votos, después de que la norma socialcomunista permita la nacionalización de los descendientes de exiliados durante la Guerra Civil y posterior dictadura. Eso les faculta para poder votar en los próximos comicios. Pero nuestras sospechas se han visto reforzadas al comprobar que los descendientes no habrán de acreditar el exilio, según se desprende de las instrucciones remitidas ya a los consulados para tramitar las solicitudes. En ellas se especifica que «se presumirá la condición de exiliado respecto a todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955». De esta forma, los hijos y nietos de los emigrados no tendrán que acreditar con pruebas el exilio de su familiar. O sea, que se abre la mano y el requisito sólo se exigirá para aquellos cuya salida de España se hubiera producido entre el 1 de enero de 1956 y el 28 de diciembre de 1978.

En suma, que podrán nacionalizarse y votar «los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española». También «los hijos e hijas nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978» y «los hijos e hijas mayores de edad de aquellos españoles a quienes les fue reconocida su nacionalidad» por la anterior Ley de Memoria Histórica. Se habla de descendientes de exiliados, pero no se exige acreditación alguna de esa condición, lo que se presta al fraude. ¿Cuántas personas podrán votar acogiéndose a la ley del Gobierno? Exteriores no concreta cifras, pero hay aproximaciones que hablan de hasta 250.000 personas, sobre todo, residentes en Cuba, México, Argentina y otros países iberoamericanos. No negarán ustedes que lo que está pasando desprende un inequívoco aroma a pucherazo.

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