Más seguridad = menos muertos

Algo falla en Europa cuando los radicales campan a sus anchas por las ciudades. Este miércoles le ha tocado a Londres pero urbes como Berlín, Niza, Bruselas o París sufrieron antes la impunidad de estos lobos solitarios. Las mismas escenas se repiten con grotesca asiduidad: atropellos masivos, explosiones, cuchilladas, tiroteos, muertos en las calles, asistencia a los heridos… caos, en definitiva. De poco sirven las declaraciones de cartón piedra a posteriori, una vez que el daño está hecho. Proclamas como «no lograrán doblegarnos» o «nuestro país es mucho más fuerte que el terrorismo» son lugares comunes e ineficaces. Con este contexto, la prevención y el trabajo coordinado entre los servicios de inteligencia de las distintas naciones es la única salida para atajar unos ataques imprevisibles. Una precaución férrea que debe estar asentada sobre las leyes que permitan a la Policía hacer su trabajo sin cortapisas. Eso no implica coartar las libertades fundamentales de cada individuo, esencia de cualquier Estado de Derecho. Sin embargo, no es menos cierto que un contexto extraordinario exige acciones extraordinarias. 

Elevar las cotas de seguridad es la única manera de reducir el número de muertes. A medida que el Estado Islámico pierde presencia en los más de 69.000 kilómetros cuadrados que ha llegado a ocupar en los últimos meses, su proselitismo a través de Internet se intensifica y acciones como las de este miércoles se hacen más probables. Las grandes potencias militares deben atacar los bastiones de Irak, Siria o los países de África por donde se extienden. No obstante, cada país de manera interna ha de posibilitar el mejor escenario posible para el desempeño efectivo de sus agentes. No se trata de crear una suerte de estado de excepción pero sí de poner los medios para que el terrorismo no condicione hasta la psicosis nuestro día a día. En ese sentido, los representantes públicos son claves. De ellos dependen las leyes así como evitar ese buenismo político en el que, dada su laxitud, los terroristas encuentran la fortaleza. Hay que atacar a los verdugos y no demonizar a los encargados de velar por nuestra seguridad.

Una realidad que también es aplicable a España. Nuestro país es objetivo primordial del yihadismo islámico. Si aún no ha pasado nada desde aquel infausto 11 de marzo de 2004 es por el excelente trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. De ahí que sea incomprensible que algunas formaciones políticas se afanen en despreciar su labor o, incluso, en dificultarla. El mismo día del atentado en Londres, Podemos ha calificado de «víctimas» a los agresores de Alsasua —con las honrosas excepciones de Juan Antonio Delgado y Juan Pedro Yllanes—. Por si fuera poco, tanto los populistas como PSOE, Bildu y ERC proponen eliminar el artículo 18 de la ‘Ley de Seguridad Ciudadana’ que permite a la Policía «practicar comprobaciones para evitar que en sitios públicos se utilicen armas, explosivos o sustancias peligrosas». Tal y como está el contexto internacional, eso es dar mucha ventaja a los que quieren hacer de la muerte su modus vivendi. Y con esa manera de actuar, esta guerra por la libertad, que será larga y difícil, está perdida de antemano.