Demoler el Tribunal Constitucional

El modelo está diseñado precisamente para esto. Se hizo exactamente así de perverso para que tuviera justamente estas consecuencias. Sólo hacía falta que llegase al poder alguien con tan pocos escrúpulos como el marido de la imputada Begoña Gómez, para que el Tribunal Constitucional nos quitara la venda con la que hemos estado casi 50 años sin querer verlo. Se proyectó un organismo formado por 12 «juristas de reconocido prestigio», que sólo tienen que acreditar ese «prestigio» ante los políticos que los eligen a dedo por su ideología y sumisión, que no tienen que ser jueces ni haber aprobado ninguna oposición; y se le otorgó la facultad de volver a juzgar cualquier caso ya sentenciado por las más altas instancias del Poder Judicial, simplemente alegando violación de sus derechos fundamentales.

Como el Tribunal Constitucional no lo forman jueces y magistrados, no forma parte del Poder Judicial, sino que es un órgano político al que intencionadamente se le llamó Tribunal sin serlo y a sus miembros se les nombró magistrados, aunque no lo son; todo ello con la clara intención de engañar a la ciudadanía. Tal y como está previsto en los artículos 159 al 165 de nuestra Constitución, los políticos elegidos por otros políticos para formar parte del Tribunal Constitucional tienen la capacidad ya demostrada para, por siete votos contra cinco, volver a juzgar cualquier delito que les dé la gana. Y sus sentencias no son recurribles ante ninguna instancia.

Que el Tribunal Supremo demuestra que Bildu es ETA y lo ilegaliza, pero a los políticos en el poder les conviene contar con los votos de Otegui; no pasa nada, les ordenan a los sumisos miembros del Constitucional que les arreglen ese problemilla y ahí tienes otra vez a Bildu en sus escaños. Que el siempre corrupto PSOE se siente avergonzado por tener a dos de sus ex presidentes, una ex ministra y otro puñado de altos cargos condenados por haber robado más de 113.000 millones de pesetas de los parados andaluces, para gastárselos sobre todo en comprar votos para así perpetuarse en el poder, pero también en drogas y prostitutas, porque tenían billetes para «asar una vaca»; no hay problema, se manda a los obedientes miembros del Constitucional que le metan mano y ya están los voceros del PSOE corrupto, golpista y ladrón, quejándose de haber sido víctimas de los bulos de la máquina del fango.

Poco importa que al ínclito Cándido Conde Pumpido, que arrastra su toga por el polvo del camino, y a su malhadada compañera, la marxista María Luisa Balaguer, les queden menos de dos años para tener que ser renovados, porque fueron nombrados por el Senado, donde hace falta una mayoría de tres quintos para elegir a cuatro miembros del TC, y esa mayoría cualificada fuerza que el reparto vuelva a ser otra vez dos progresistas y dos conservadores. Lo mismo que, muy probablemente, volverá a pasar dentro de seis años cuando tengan que renovar los cuatro miembros del TC que le corresponden al Congreso. A esta mayoría izquierdosa y desvergonzada del Constitucional le quedan como poco siete años y medio, que es lo que falta para que sean renovados los miembros que nombra el Gobierno.

Si el 6 de diciembre de 1978 hubieran existido políticos honrados que explicasen a los españoles la terrible trampa que nos estaban colando en su Título IX, posiblemente no hubiésemos aceptado otorgarles esta puerta de atrás por la que el marido de la imputada Begoña Gómez puede meter lo que le salga de las narices. Pero el Título IX de la Constitución puede ser reformado por una mayoría de dos tercios del Congreso y mayoría absoluta en el Senado, teniendo que ser posteriormente sometida la reforma a referéndum cuando así lo solicite una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras. Esto no es tan complicado como parece y ya se ha hecho dos veces para permitir votar a los extranjeros en elecciones municipales y para establecer el principio de estabilidad presupuestaria; y ninguna de ellas se nos consultó en referéndum.

Hay que demoler el Tribunal Constitucional y traspasar sus funciones de control a una sala del Tribunal Supremo. Debemos exigir que los partidos que quieran demostrar ser verdaderamente democráticos incluyan esta propuesta en sus programas electorales, para que los españoles podamos votarles. Los de extrema izquierda e independentistas que se nieguen a esta reforma dejarán a las claras que su objetivo es la impunidad de sus delitos y en todas las elecciones habrá dos bloques de demócratas contra tiranos. Así, cada elección sería un referéndum sobre este Tribunal Constitucional.