Las consecuencias del bodrio de Irene Montero no han hecho más empezar

El Gobierno está en estado de shock después de que ya sean 11 los agresores sexuales beneficiados por la ley del sólo sí es sí de Irene Montero, un bodrio jurídico que ha permitido que no haya día en que delincuentes condenados vean rebajadas sus penas o puestos en libertad, algo que provoca evidente alarma social. Y todo por la chapuza de una norma que es un coladero, un prodigio de insolvencia de efectos irreversibles. La única solución, según fuentes del Gobierno, es reformar la ley de nuevo, pero el problema es que eso llevaría un plazo mínimo de un mes, tiempo en el que los delincuentes podrían seguir viendo rebajadas sus penas. Porque por mucho que volviera a reformarse la norma para arreglar el desaguisado, no afectaría a quienes ya han visto menguadas sus condenas, al aplicárseles el principio de retroactividad favorable. Es decir, que el daño es irreparable. No cabe duda de que Irene Montero, ministra de Igualdad, departamento impulsor de la ley, es una ignorante, pero no nos engañemos: el anteproyecto de ley pasó por varios ministerios y, en última instancia, fue aprobado de forma colegiada por el Consejo de Ministros, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al frente.

Es fácil imaginar lo que hubiera sucedido si un Gobierno del PP hubiera perpetrado un bodrio que beneficiara a agresores sexuales. La izquierda habría incendiado las calles. Pero como gobierna el socialcomunismo, todavía la ministra de Igualdad se permite el lujo de cargar gravemente contra los jueces. ¿Pero qué pueden hacer los jueces si la ley es un disparate? Pues aplicarla, porque en caso contrario estarían prevaricando. La norma se ha convertido en un trampolín para un gran número de agresores sexuales a los que Igualdad les ha regalado el premio «gordo». Y todavía tienen la desfachatez de criticar a los jueces, cuando fue precisamente el CGPJ quien advirtió de lo que podía suceder.